Sobre la religión en la esfera pública

También motivado por la cercanía de la celebraciones navideñas, surge el debate acerca de los símbolos religiosos en la esfera pública. Así, se pregunta si es posible o tolerable que un Estado “laico”, que no tiene una religión oficial, dé espacio a las manifestaciones que son propias de una religión determinada.

Estas pregunta comprende expresiones de la más diversa índole, desde algo tan inocuo como el nombre de ciudades (Santiago, Asunción, Los Ángeles) hasta ritos específicamente religiosos, como el te deum de fiestas patrias o poner un pesebre en el palacio de gobierno, pasando por otras fiestas y procesiones religiosas de las que participan autoridades públicas como tales, el financiamiento público de la clase de religión, o la cruz que se encuentra en ciertos símbolos.

La respuesta de los laicistas es claramente negativa. Un Estado moderno y laico, dicen, debe ser neutral ante las diferentes religiones que conviven en el mundo actual, sin que sea posible decir cuál es verdadera o mejor, y que por lo tanto no corresponde que el Estado exprese, explícita o implícitamente, preferencia por uno u otro. Sostener lo contrario implicaría un acto de injusta discriminación respecto de las restantes religiones, que por ese acto se verían excluidas del espacio que se otorga a una de ellas.

En concreto, esto implica que debería evitarse toda referencia religiosa en las actividades públicas, financiadas o patrocinadas por el Estado, o de cualquier forma vinculadas con él.

¿Sorprende a alguien que los laicistas apoyen esta solución como la única posible en un Estado laico?

Desde luego que no. Esta corriente de pensamiento está estrechamente vinculado con opiniones agnósticas y ateas, y esta solución, llevada a su conclusión natural, produciría en definitiva el mismo resultado: un Estado ateo, que niega la existencia de Dios, a través la absoluta ausencia de la religión en la vida pública de una comunidad. De hecho, esa precisamente es la respuesta implementada por el régimen ateo chino.

Dicho de otro modo, la opción laicista lleva a que ateos ganan por secretaría: sin que el Estado se declare ateo, el resultado sería el mismo que si lo hiciera.

Naturalmente, nosotros estamos en contra de esta forma de entender la neutralidad religiosa o laicismo del Estado.

Por un lado, la Iglesia tiene una larga tradición de defender la independencia (que no separación) de ambas esferas. Dicha tradición se funda, además de las razones doctrinales, en la necesidad de evitar los constantes intentos de los Estados para interferir en decisiones propias de la Iglesia, tales como el nombramiento de los obispos, o si determinada carta podía ser leída desde los púlpitos. Es indudable que en esa relación histórica, la Iglesia ha sido siempre la más débil, pues el Estado siempre ha tenido el monopolio de la fuerza.

Pero por otro, es indispensable entender que derecho al ejercicio de una religión y la libertad religiosa, no son una mera concesión graciosa que el Estado hace a sus ciudadanos más escrupulosos o con inclinaciones filosóficas; es, por el contrario, uno de los pilares fundamentales que permiten entender tanto el desarrollo histórico como el fundamento final (y por lo tanto el contenido concreto) de conceptos tan fundamentales para la vida en comunidad como la dignidad de cada ser humano, y la supremacía de este frente a las pretensiones del Estado.

En ese contexto, la religión que practican los ciudadanos, por su misma naturaleza (después de todo Dios nos pide rectitud especialmente en lo público) no pueden ser un aspecto exclusivamente privado, y no solo tienen el derecho de manifestarse y tomar parte en la vida pública, sino el deber de participar en ella. El Estado, por su parte, que debe servir a todos los ciudadanos y no solo a los de , debe acoger y otorgar espacios de expresión a este ámbito de la vida.

Esto nos deja el problema de la diversidad ¿Cómo decidimos cuál de todas las religiones expresar? ¿Se podría instalar un pesebre en el palacio de gobierno por navidad?

Algunas veces se ha intentado como solución de compromiso, poner a todas las religiones en igualdad de condiciones (por ejemplo, ubicando junto al pesebre una menorá)[1], pero rara vez esto es satisfactorio, pues el evidente mensaje de indiferentismo, hace que ninguna religión está dispuesta a aceptarla.

La respuesta correcta, creemos, debería ser la misma que se usa en una democracia, cuando existen varias opciones, todas ellas igualmente razonables en principio: no tener a una religión (o falta de ella) como ganadora “por secretaría”, sino atender a la decisión de las mayorías, respetando la convivencia de las opiniones minoritarias.

Así, a nadie debería sorprender que en una nación donde la mayoría se manifiesta cristiana, el Estado dé espacios a símbolos cristianos, siempre que ellos no implique el rechazo explícito a otras opciones, incluyendo entonces un pesebre en el palacio de gobierno. Siendo coherentes con este planteamiento, tampoco debería sorprendernos encontrarnos con signos de una celebración islámica, si es que una parte importante (incluso si no estrictamente mayoritaria) de la población la considera favorable para la vida social.

En todo caso, por la misma exigencia de sinceridad que es inherente a la religión, entiendo que debe tratarse de una expresión genuina de la religión los participantes: si la Presidenta es agnóstica, sería absurdo que hubiera un pesebre en la sede del Poder Ejecutivo, pues se entiende que ello violentaría la conciencia de la mandataria; pero no ocurriría lo mismo si el Presidente es cristiano y puede participar de buena fe en esa actividad.

[1] Curiosamente, cuando se ha hecho así, los ateos han reclamado su derecho a estar también representados en esa instancia, a pesar de insistir una y otra vez que lo suyo no es una religión.