Contra las uniones civiles

A partir de la campaña presidencial de 2009, se ha instalado en Chile la discusión acerca de la legalización de las uniones civiles, referida a la necesidad de dictar una ley que regule la situación en que se encuentran las parejas, homosexuales o heterosexuales, que sin encontrarse casadas, llevan una vida en común. También se ha planteado como una solución de compromiso frente a las demandas del lobby gay chileno de modificar la normativa del matrimonio civil para admitir el acceso de las parejas homosexuales a dicha institución.

Quiero desarrollar un argumento contra la regulación de las uniones civiles, y para eso debemos anotar en primer término que la idea de dictar una ley en ese sentido goza de amplia aceptación en la clase política, pero, como es común en estos casos, nadie tiene muy claro cuáles serían las normas concretas que debería tener una ley de este tipo. Algunos parecen preferir una institución que sea equivalente al matrimonio y diferente sólo en el nombre, mientras otros afirman que su propuesta no tiene nada en común con la unión conyugal, la que debería permanecer siempre reservada para la relación entre un hombre y una mujer.

Ante esta confusa propuesta, conviene comenzar por los fundamentos más básicos, y señalar que en principio nos encontramos ante el acto de dictar una ley, que es un acto del Estado, y por lo tanto es conducente preguntarnos si es legítimo que la autoridad pública dicte una ley en estas materias.

Para responder a esta interrogante es necesario recordar que existen dos modelos básicos de Estado, el primero de ellos propone que todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos son suceptibles de ser regulados por ley, y por ello se le suele llamar modelo totalitario; mientras que el segundo sostiene que sólo se justifica la intervención estatal cuando otros órganos no pueden cumplir esa misma función y lo exige el bien común, lo que se ha conocido como Estado subsidiario.

En un modelo totalitario la respuesta es fácil y clara: el Estado conoce qué es lo mejor para los individuos y por lo tanto, debe establecer por ley qué relaciones amorosas son aceptables para la comunidad sometida a su control, y cuáles no lo son. Esperamos, en todo caso, que la mayoría de las personas rechacen esta idea, sobre todo conociendo los terribles resultados de los Estados totalitarios en el S. XX, pero no podemos negar que, aceptada la premisa, la respuesta lógica es evidente.

En cambio, en un sistema donde impera el principio de subsidariedad, que esperamos que sea la mayoría de las democracias occidentales, la contestación a pregunta planteada no es tan directa, y debe necesariamente pasar por un filtro previo, que consiste en preguntarnos si la regulación de las uniones de hecho o civiles satisface alguna necesidad de bien común.

Se ha tratado de salvar este aspecto, afirmando que en Chile son muchas las personas que viven en una relación no sancionada por el Estado, porque no quieren casarse o porque no pueden, a pesar de llevar una convivencia por mucho tiempo. Sin embargo, esto no es una verdadera razón de bien común, porque para que exista ese fundamento es necesario que terceros, que no han dado su consentimiento a la relación, se vean afectados por ella.

Por ejemplo, si muchas personas dicen tener la necesidad de contar con una consola de juegos PS3 en su casa (como yo), ello no justifica que el Estado altere la natural relación que existe entre el consumidor y el fabricante, fijando precios o estableciendo cuotas de consumo, porque el único beneficiado o afectado será el que pudo o no acceder a la consola. De igual forma, si una persona se dedica a determinada prácticas en la privacidad de su hogar, sin afectar a nadie fuera de los que hayan consentido en participar (como un club de estudio de la Biblia) no corresponde que el Estado intervenga para prohibir o aplaudir dicha conducta.

En el caso de las uniones de hecho nos encontramos ante este tipo de relación: una que no debería afectar más que a los involucrados en ella. Si ambas personas se encuentran en pie de igualdad, cuentan con la más absoluta libertad para darle a su relación la forma que estimen conveniente, estableciendo si existen bienes en común, mediante contratos, o si corresponde que uno herede los bienes del otro, con los respectivos testamentos, pero no se encuentra justificada la participación del Estado en esta situación.

Existe, sin embargo, una razón para que el Estado intervenga en las relaciones de pareja, y es lo que justifica una ley de matrimonio civil: los hijos. Una relación afectiva heterosexual naturalmente produce hijos, y el mejor ámbito donde se pueden educar estas nuevas personas es contando con el apoyo de su padre y su madre unidos en una relación estable. Como estos individuos crecerán y se convertirán en nuevos ciudadanos, que entrarán en interacción permanente con el resto de la comunidad, al Estado le interesa que se formen en el mejor ambiente posible, lo que les permitirá recibir e internalizar aquellas normas de conducta fundamentales para la vida en comunidad.

Esta razón se aplica al matrimonio, y asociado a los costos de la educación que asumen los padres, justifica la serie de franquicias y ventajas que puede conceder la ley, dependiendo de cada país (todavía no he encontrado ninguna en Chile, pero no lo descarto). Sin embargo, en el caso de las uniones de hecho, que se quieren legalizar bajo esta figura de la “unión civil", la exigencia de estabilidad no existe, y no es aventurado pensar que, en definitiva, el Estado está amparando la crianza de niños en situaciones precarias e inestables, y con ello causándoles un grave perjuicio para su desarrollo posterior.

Lo dicho respecto de las parejas heterosexuales inestables también se aplica a las uniones entre personas del mismo sexo, a lo que se agrega que tales relaciones nunca serán relevantes en el ámbito público, porque son naturalmente estériles.

En conclusión, es claro que un Estado fundado en los principios de bien común y respeto a la libertad de los ciudadanos no cuenta con razón o motivo suficiente para regular una forma de unión civil entre personas, aparte del matrimonio. Lamentablemente, cada vez se hace más evidente que nuestros gobernantes no están en le negocio de un Estado mínimo, y, por el contrario, persiguen dictar a comunidad qué relaciones son aceptables y cuáles no, según sus personales convicciones. Yo me opongo a eso.