En Costa Rica, somos marginales

Si un partido político propusiera reducir a la esclavitud a los checoeslovacos, restablecer el voto censitario, o que el Estado debe controlar a los miembros de una determinada raza ¿cuál sería vuestra reacción?

Al menos la mía sería instar por que tales grupos sólo fueran tolerados mientras se mantuvieran en situación estrictamente minoritaria, y si se observa que pueden llegar a consagrar mediante una ley esas propuestas, es deber de la autoridad pública impedirlo directamente, por ser ideas contrarias a los fundamentos más básicos de la comunidad política.

Con su fallo dictado recientemente, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ha declarado, en los hechos, que el Estado debe tratar a la religión católica y la opinión mantenida por la mayoría de la población, como lo haría si estuviéramos de un grupo racista, o monarquista, es decir, puede tolerarse pero nunca convertirse en una opción válida dentro de la convivencia democrática.

En el fondo, este tipo de pronunciamientos presagian un conflicto directo entre Estado y religión, ya que, mediante este fallo, el Estado insular ha declarado que ser un cristiano comprometido con su fe no es una opción compatible con la convivencia política, y que sólo se puede ser católico a medias para participar válidamente en la vida pública.

En el fondo, no es nada nuevo, porque históricamente los Estados han desconfiado de la influencia que la Iglesia tiene sobre los ciudadanos, pero, con las dolorosas lecciones del S. XX, no era descabellado pensar que en occidente se debía haber superado esa actitud, y que tendríamos el privilegio de poder ser ciudadanos y cristianos cabales.

Tampoco se trata de incurrir en la falacia democrática, y ampararse en que la opinión de la mayoría resulta coincidir con la nuestra para denunciar a la contraria. Efectivamente una de las funciones fundamentales de los Tribunales Constitucionales es introducir un balance “contra mayoritario” en el sistema, es decir, velar por el respeto de los derechos de las minorías, cuando los actos de las fuerzas políticas predominantes pueden afectarlos.

Sin embargo, como en tantas otras cosas, la teoría falla cuando la práctica se aleja de sus raíces cristianas.

Teóricamente,todo grupo minoritario puede pedir el amparo de este organismo, bajo la alegación de haberse vulnerado derechos inherentes a la naturaleza humana, y corresponderá al Estado, que tiene los medios para hacerlo, demostrar que sus acciones se ajustan a las exigencias básicas de la convivencia.

Pero cuando la élite desecha el concepto cristiano de “naturaleza humana”, entonces cualquier interés de un grupo minoritario se puede asimilar a un derecho fundamental y, alegando que se atenta contra la igualdad, exigir que se impida la discriminación en su contra. Luego, bastará con encontrar un juez que lo declare, para que la opinión de un magistrado se imponga a la de la mayoría.

Una vez que descartada la exigencia que impone la naturaleza, lo mismo que ha logrado hoy el lobby gay, lo pueden hacer mañana los polígamos, drogadictos, pornógrafos, adúlteros, incestuosos, racistas y un largo etc.

Todo es cuestión de que logren convencer a unos pocos jueces.