(Efe) En declaraciones a Efe, fuentes del Departamento de Salud y Consumo reconocían esta mañana el derecho de la mujer a abortar, y expresaban su compromiso a "seguir manteniendo ese servicio".
Estas fuentes se mostraban, además, "muy sorprendidas" por el anuncio, ya que desde el Departamento, "conscientes de lo sensible y delicado" del problema, se les propuso la pasada semana pagar la deuda a plazos, 250.000 euros antes de diez días, otros 150.000 antes del verano y el resto antes de concluir el año.
Desde ACAI se había denunciado previamente que el Gobierno aragonés "no había sido capaz en 1 año y 9 meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés".
El compromiso adquirido supone que se podrá llevar a cabo el aborto con medios propios del sistema público, lo que será "más económico" para el Gobierno autonómico. En caso de no llegar a toda la demanda se derivarán las pacientes a clínicas de comunidades autónomas limítrofes, siempre "de forma gratuita" para la mujer.
El anuncio de suspensión del servicio fue formalizado en el registro del Servicio Aragonés de Salud el pasado 15 de marzo por el propietario único de las dos clínicas abortistas aragonesas, Actur y Almozara. Desde estos centros se asegura que a día de hoy resulta "insostenible" para los centros mantener la gratuidad de la prestación, pues se verían abocados a un "cierre inevitable".
"La prestación está garantizada"
Las reacciones a esta decisión se han producido de forma sucesiva a lo largo de la jornada, entre ellas la del Ministerio de Sanidad, desde donde se ha recordado que el aborto es una prestación incluida en el Sistema Nacional de Salud que debe cubrirse en todas las comunidades autónomas del país. "Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos. No hay ningún problema. La prestación está garantizada", señalaban a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad.
Entre los responsables político aragoneses, la diputada regional de IU Patricia Luquin ha sido la primera en reaccionar mediante la solicitud de una comparecencia urgente del consejero de Salud del Gobierno aragonés, Ricardo Oliván, para dar explicaciones de la situación creada y de las medidas que adoptará su departamento para garantizar el servicio.
Tras calificar de "inaudita" la situación, Luquin, en un comunicado, insta al Gobierno aragonés presidido por Luisa Fernanda Rudi a resolver "de inmediato" el problema, a pagar la deuda con los centros privados y a adoptar las medidas necesarias para que este servicio se realice en la sanidad pública "sin recurrir a los conciertos".
A la polémica se ha sumado también la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública a través de otro comunicado en el que advierte que la suspensión del acuerdo supondrá una "importante barrera económica" para las mujeres con menor capacidad económica para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. En su escrito, denuncian la existencia en algunas autonomías de una actitud ideológica contraria a financiar el aborto y a favor de excluirlo de las prestaciones sanitarias, situación que, según afirman, "se está agravando con la excusa de la crisis y los recortes"
Condena de Derecho a Vivir
Por su parte, la organización Derecho a Vivir (DAV) ha criticado que el gobierno aragonés incluya a los centros abortistas entre la lista de empresas con prioridad para cobrar la deuda contraída con la administración. "Constituye un ejemplo clarísimo de la distorsión de la escala de valores que vivimos en nuestra sociedad", añade la organización.
En este sentido, la portavoz de DAV, Gádor Joya, sostiene que "esta decisión constituye un trato de favor inaceptable hacia quienes se lucran con la muerte de seres humanos, aún más en una situación de crisis". "Resulta indignante observar cómo las presiones de la industria del aborto surten más efecto en la administración que el sufrimiento de familias y autónomos arruinados por el dinero que se les debe", ha añadido.
