No pedimos nada del otro mundo

Cuando los cristianos pedimos que se respete la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, mucha gente de buena voluntad se pregunta si no es una posición extrema, si no hay casos en que pareciera justificarse un aborto, y si no sería mejor llegar a un punto intermedio de compromiso con el “extremo opuesto".

Otros incluso nos acusan de ser intransigentes o fanáticos, de querer imponer una religión y forzar a las mujeres a llenarse de hijos, lo que es bastante irónico, porque antes de NSJC el mundo no conocía la separación de Iglesia y Estado, la libertad de conciencia ni la igual dignidad de hombres y mujeres.

En realidad, pedir que el derecho nunca ampare a quien procura la muerte de un ser humano inocente, no es nada del otro mundo, y tanto es así que actualmente en las legislaciones occidentales hay varios principios e instituciones que reciben una protección absoluta, muy superior a la que tiene la vida humana.

Por ejemplo, el Estado chileno abolió la pena de muerte de sus leyes comunes (sigue vigente para delitos cometidos por militares en tiempo de guerra) y se comprometió a no restablecerla. Sin embargo, eso no evita que, cada vez que se captura a un asesino múltiple o un violador de niños, la gente se pregunte si en este caso, y sólo por esta vez sería justo aplicar la pena de muerte a este sujeto, y así traer paz a la familia de sus víctima, y evitar que se gasten importantes sumas de dinero en mantenerlo bajo prisión por muchos años.

La respuesta del Estado es negativa siempre, y las razones son conocidas. Los errores judiciales existen y cada vez somos más conscientes de ellos. Incluso si en este caso estimamos seguros, si el culpable ha confesado, todavía existe la posibilidad de que en otro caso se cometa una injusticia tan grave e irrevocable, como matar a un inocente, y por eso el Estado opta por no imponer la pena de muerte, incluso a un criminal confeso.

Con la tortura sucede algo análogo. Todos podemos estar de acuerdo en que la tortura no es un método de castigo o investigación judicial, porque atenta directamente contra la dignidad humana, pero es fácil imaginar casos extraordinarios donde uno se vería tentado a considerar necesario recurrir a la tortura. Así, se ha planteado el caso del terrorista que ha colocado una bomba en un lugar desconocido y luego es capturado, y parece indispensable torturarlo para salvar la vida de tantos inocentes. O cuando un asesino se niega a dar a conocer el lugar donde enterró el cuerpo de su víctima, para que sus parientes puedan darle sepultura y tener un lugar donde dejar una flor.

Nuevamente, el Estado contesta con un “no” rotundo y sin excepciones, a pesar del peligro para la vida de personas inocentes, en el caso del terrorista; o del sufrimiento provocado a los familiares, que no cesará mientras no sepan dónde está el cuerpo, en el del asesino. Cuando está en juego la dignidad humana, parece que el precio que debemos pagar por defenderla nunca es demasiado alto.

Uno podría decir, “Es que estamos hablando de categorías fundamentales para la convivencia en sociedad, como la vida y dignidad de las personas, y eso explica que no se recurra la pena de muerte o la tortura cuando pareciera estar justificado, para evitar que se abuse de estos instrumentos en otros casos".

Y tendría razón, pero es que no sólo la vida y la dignidad cuentan con este tipo de protección, sino también otros principios, y así, en un juicio no se puede admitir la confesión obtenida sin el consejo de un abogado, u otras pruebas, cuando se han empleado métodos ilegales. Ya no estamos hablando aquí de la posibilidad de condenar a muerte por error a una persona inocente, y la ley tampoco hace la distinción entre delitos más o menos graves, y a pesar de eso, El estado simplemente eleva un principio (por ejemplo, el derecho a contar con un abogado) a la altura de “inviolable” y declara que ninguna circunstancia, ni la gravedad del crimen, ni el dolor de las víctimas inocentes podrán vencerlo.

Esto puede parecer razonable en teoría, pero cuando una víctima de violación ve que el Estado absuelve a su agresor, y que sale libre, su sufrimiento y temor a una futura agresión no debería ser tomado a la ligera. Y sin embargo ese es el resultado que nuestra civilización occidental nos dice que debemos esperar, a cambio de evitar incurrir en un error.

La lista de principios que nuestra cultura quiere elevar al grado de absolutos no termina ahí, y tenemos la inviolabilidad de las comunicaciones, el secreto profesional, ¡hasta el secreto bancario! ¿Se dan cuenta? Una cuenta corriente en suiza tiene más derechos que un bebé de término.

Protección absoluta para la vida implica que a veces habrá sufrimiento, pero es la dirección es la que ha seguido occidente hasta ahora, cuando lo que se busca es reafirmar el valor absoluto de la vida humana. Sabemos que ese dolor recaerá especialmente en algunas mujeres, pero hay soluciones análogas a aquella que la sociedad ha adoptado cuando establece un derecho absoluto. Así, cuando se consagró el derecho a la defensa pública de los acusados, al mismo tiempo se mejoró la calidad científica de las pruebas, para que la condena ya no dependa de la confesión bajo tortura. Ese mismo compromiso debería llevarnos, junto con prohibir el aborto, reconocer las madres merecen el apoyo decidido de la sociedad ante un embarazo difícil.

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