(Levante.emv) Después de que el cardenal y arzobispo de Valencia haya pedido a los políticos que «repiensen» la norma y haya proclamado que «adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad», el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, aseguró al periódico Levante que no habrá cambios en la ley por parte del Consell o de los partidos que lo sostienen en su actual tramitación parlamentaria. Y añadió: «Hasta ahora, el protocolo atañe a los centros educativos públicos. Cuando se apruebe la ley, todos los centros educativos, concertados o privados, estarán obligados a cumplir la norma. Si no, evidentemente, se sancionará al centro por no cumplir la ley», asegura el alto cargo de la conselleria que ha impulsado el proyecto legislativo.
La ley recoge un apartado de sanciones que van de los 200 a los 3.000 euros de las multas leves, hasta los entre 20.000 y 45.000 euros de las infracciones muy graves. Además, el proyecto legal permite «sanciones accesorias» que podrían afectar a los colegios concertados como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de entre uno y tres años. También contempla la inhabilitación temporal de hasta tres años para ser titular de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos. Asimismo, se prevé la prohibición de contratar con la Generalidad o sus entes públicos durante uno a tres años si se vulnera de forma grave la ley de transexualidad.
Entre los supuestos de infracción grave que recoge la ley figura la realización de actos que impliquen «aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de identidad o expresión de género». También se penará «la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de la Comunitat Valenciana de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo».
En el artículo escrito por Cañizares para el semanario Paraula. el cardenal insta a «actuar» y «no cruzarse de brazos» ante una ley que aboca a «la destrucción de la familia». También alude a la «objeción y libertad de conciencia» y pide a padres, asociaciones relacionadas con la familia, comunicadores, periodistas y educadores que se comprometan en esta causa. «No les hagamos el juego», arenga.
El proyecto de ley, que ha recibido un millar de alegaciones de grupos católicos, obliga a todos los centros educativos (púbicos y privados) a respetar el nombre y el género que decida un alumno en su documentación escolar: listas de clase, tablones, etc. También exige dejar entrar en los vestuarios y lavabos que elija un alumno en función de la «identidad de género manifestada», y permitirle llevar a clase la ropa con la que se identifique. El Consell Jurídic Consultiu, en su informe al proyecto de ley, puso un reparo a este aspecto por considerar que invadía la autonomía de los centros educativos de titularidad privada a la hora de fijar su ideario. El Consell desoyó esa observación no vinculante que el Jurídic Consultiu elevó a categoría de «esencial».
De Lamo invoca el «sufrimiento»
El director general de Igualdad en la Diversidad admite que se ha producido «una movilización contra la ley, igual que ocurrió ante el matrimonio entre personas del mismo sexo». De Lamo expresa su «tristeza» ante la posición del cardenal. Una postura, afirma, «que quiere imponer a sus seguidores pero que no puede imponer a toda la sociedad». «Piensa más en su ideología o doctrina, profundamente discriminatoria, que en el sufrimiento de las personas discriminadas, cuando estar al lado de quien sufre es algo cristiano y debería primarse ante todo», sostiene. Ante las acusaciones de «tiranos o dictadores», De Lamo replicó: «Nuestro totalitarismo es el de la igualdad, la democracia y los derechos de las personas».
