Primero fue Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños, ahora ha sido José Blanco, Pepiño, ministro de Fomento y número dos del PSOE, el que amenaza con quitar la casilla del IRPF a la Iglesia.

Comparar las subvenciones que el Estado da a los sindicatos, partidos políticos, etc, con la libre aportación de los fieles – y no sólo de éstos – a la Iglesia Católica, es otra mentira más a las que nos tienen acostumbrados esta izquierda de Visa Oro, buenos coches y mejor yantar.

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José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, es sacerdote católico y además ocupa un cargo político. Producto típico del mal llamado espíritu del Concilio Vaticano II que lo mismo proclama que la Iglesia debe abandonar las estructuras del poder político (¿?), para por otra parte, justificar la presencia de un sacerdote en la política. ¿O es que al fin y a la postre, el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz, no es un puesto político puesto por los mismos políticos que como perros se abalanzan contra la Iglesia de Cristo? ¿No habíamos quedado que la política era para los laicos?

Las formas empleadas por Monseñor Demetrio Fernández, a la sazón obispo de Córdoba, no le parecen las más adecuadas para «resolver la convivencia» entre católicos y musulmanes, tras el lamentable incidente ocurrido la pasada semana en la Catedral de Córdoba, cuando un nutrido grupo de musulmanes asaltaron la misma con el objeto de rezar en ella. Según el Defensor del Puelo Andaluz estas situaciones podrían acabar en episodios de «xenofobia», de ahí que el cura Chamizo apueste por construir una mezquita donde los musulmanes fuesen a orar:

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Escribe atinadamente nuestro Director, a raíz de las declaraciones de Don José Luis Requero, lo siguiente:

Junto a las declaraciones de Arsuaga, me parecen sumamente interesantes las del jurista José Luis Requero, ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial. Requero dice que confiar en que el Tribunal Constitucional se cargue la nueva ley del aborto es muy aventurado. La razón es obvia. Ese tribunal está absolutamente politizado. Sus miembros son elegidos por los partidos y reflejan, casi siempre, la situación del parlamento. Por tanto, si en el parlamento se ha aprobado la ley, lo más probable es que el TC la declare legal. Don José Luis, de hecho, le ha dado a las siglas TC su verdadero significado: no es Tribunal Constitucional sino Tercera Cámara. Por supuesto, eso implica que la democracia española no cuenta con uno de los elementos esenciales de toda democracia que se precie de serlo: la separación de poderes. Pero ¿a quién le importa tal cosa? Estamos ante un régimen partitocrático y presidencialista. El nº1 del partido que está en el gobierno hace y deshace lo que le da la gana. Las cámaras están para refrendar lo que dicta el supremo mandatario y la “Justicia” es una señora que, en sus más altas esferas, se prostituye en brazos de los partidos. Ojalá me equivoque, pero confiar en que la ingeniería social zapateril se va a parar en el Tribunal Constitucional es propio de ilusos.

Efectivamente en España no hay división de poderes ya que se la cargó el PSOE con la reforma que llevó a cabo en el año 1.985, por la cual, el órgano de Gobierno del Consejo General del Poder Judicial pasaba a manos del Parlamento, de ahí la célebre frase de Alfonso Guerra: Montesquieu ha muerto.

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«Es el momento de que pidas tu oráculo. ¡El dios, míralo, el dios!»

Estaba hablando ante la misma puerta cuando de pronto se le altera el rostro, se le muda el color, su cabello se desata, el pecho le jadea, se hincha su corazón fiero de rabia, su estatura parece mayor y no suena su voz a voz humana, pues el poder del dios le va insuflando su aliento cada vez más cerca.

Aunque parezca lo contrario el texto citado no se refiere al mitin que lanzó María Dolores de Cospedal a la chavalería de provecta edad de Nuevas de-Generaciones del PP, por la celebración de su trigésimo cumpleaños, sino a la sibila de Cumas nada más llegar Eneas al templo de Apolo (Eneida VI, 45 – 50).

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Cortesía de Embajador en el Infierno.