(Agencias/InfoCatólica) Según la ministra, la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida va únicamente dirigida a aquellos casos en los que el paciente “presente una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses”.
El proyecto, que ha sido remitido a las Cortes para su aprobación definitiva, establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de agonía tendrán garantizado el derecho a que se respete su voluntad sobre los tratamientos que tengan que recibir en el final de su vida.
Los artículos que deben suprimirse para que la ley no encubra eutanasias
El portavoz de Profesionales por la Ética, Santiago Díaz, ha declarado que van a instar a los grupos parlamentarios para que en la tramitación de la ley se supriman tres artículos que favorecerían en la práctica autorizar encubiertamente la eutanasia. En concreto, el artículo 11 que establece que los pacientes tienen derecho a recibir la atención y tratamientos que prevengan y alivien el dolor al final de la vida, incluyendo el derecho a la sedación paliativa.
También el artículo 15 que, según explica, obliga a los profesionales sanitarios a cumplir la voluntad del paciente por encima de cualquier otro criterio, incluida la lex artis o buena práctica médica. De hecho, señala que el proyecto de Ley prevé que, cumpliendo la voluntad del paciente, podrá actuar contra la correcta actuación profesional porque exime a los médicos de cualquier responsabilidad.
Del mismo modo, propone suprimir la disposición final primera del Proyecto ya que, a su juicio, este apartado anula de hecho el art. 11.3. de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente en el que se afirmaba que no serían aplicadas las instrucciones previas (el llamado testamento vital) que fueran contrarias al ordenamiento jurídico y a la buena práctica médica.
Preocupación de asociaciones profesionales y plataformas pro-vida
El hecho de que prime la posibilidad de que sea el paciente el que imponga al médico su criterio sobre qué tratamientos recibir o retirar, al margen del criterio profesional, es visto por diversas asociaciones profesionales y plataformas que defienden el derecho a la vida como una limitación a la objeción de conciencia del personal sanitario. “Supondrá una limitación profunda del libre ejercicio de la profesión médica y la posibilidad de que los pacientes propongan prácticas contrarias al derecho a la vida y a la salud”, señala el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.
Tanto esta asociación como Derecho a Vivir y Profesionales por la Ética sostienen que la Ley “abre la puerta a prácticas eutanásicas” y que es innecesaria, porque los anunciados como “nuevos derechos” que la ley protege, como el derecho del paciente a recibir cuidados paliativos, entre los que se incluye la sedación, o el derecho a que se preserve la intimidad del paciente y la de su familia, están ya reconocidos en la Constitución y otras leyes vigentes.
El portavoz de Profesionales por la Ética, Santiago Díez, ha recordado que han formulado alegaciones en proyectos legislativos autonómicos similares a este y, en concreto, en el caso de Navarra se mejoró "notablemente" el proyecto durante la tramitación suprimiéndose el derecho a la sedación. Así, indica que su objetivo ahora es que el Proyecto de Ley estatal elimine por completo la posibilidad de prácticas eutanásicas.
En su día, los obispos de Andalucía y los obispos de Aragón hicieron públicas su preocupación por las leyes aprobadas en esas Comunidades Autónomas.
