(Agencias/InfoCatólica) El 19 de agosto fueron expulsados 89 gitanos de Francia, en aviones directos a Budapest. El viernes, otros 139 partieron con destino a Rumanía y Bulgaria. Desde primeros de año hasta finales de agosto, se estima que serán 850 los gitanos repatriados a sus países de origen, según dio a conocer el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, durante una visita a Washington, quien aseguró que todas estas personas han aceptado voluntariamente dejar Francia a cambio de 300 euros por persona.
Ayer, en sus habituales saludos a los peregrinos en diversas lenguas, el Papa dijo a los de lengua francesa: “Los textos litúrgicos de hoy nos recuerdan que todos los hombres son invitados a la salvación. Es también una invitación a saber acoger las legítimas diferencias humanas, a ejemplo de Jesús, que vino a reunir a los hombres de toda nación y toda lengua”.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, ha sido el primero en responder y lo ha hecho invitando al presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, el cardenal y arzobispo de París André Vingt-Trois, a un encuentro para analizar y explicarle su versión de esta polémica. El cardenal ya le ha tomado la palabra y, a través de varios medios de comunicación galos, ha dicho que acepta su propuesta.
Desde la oposición, sigue hablándose de política vergonzosa, peligrosa y racista no solo en lo que afecta a los gitanos, sino en términos de seguridad en general. El ex primer ministro, Dominique de Villepin, escribe en un artículo que hoy publica “Le Monde” que en la bandera francesa hay “una mancha de vergüenza” causada por la “deriva inaceptable” del Gobierno en materia de seguridad. Otro ex primer ministro, el socialista Lionel Jospin, habla en el mismo periódico de una “estrategia de tensión” que es “peligrosa para el país”.
Mons. Marchetto recuerda que no son legales las expulsiones colectivas
Al respecto, monseñor Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los Migrantes e Itinerantes recordó el viernes que el desmantelamiento de 51 campos ilegales a principios de mes “ha creado seguramente una situación de precariedad, para estos hermanos nuestros, que puede evidentemente condicionarles en lo que respecta a la aceptación de un cierto tipo de ayuda económica que les mantenga en esta partida”.
Recordó el cardenal Marchetto que “las expulsiones no pueden ser colectivas, según el ordenamiento europeo”, a menos que no exista un “grave peligro para la seguridad”. “En Francia existe una legislación que obliga a los ayuntamientos que superen los 5.000 habitantes a crear zonas protegidas –añadió– y a disposición de las que ellos llaman gens de voyage y que en italiano se llaman rom y sinti (gitanos) etc., por lo que la propia Francia no ha cumplido una ley que fue creada precisamente para proteger a estas personas y para que no hayan campos ilegales”.
Monseñor Agostino Marchetto invitó a no minusvalorar la “cuestión-gitanos”, que “es una cuestión grave para Europa, porque se trata del grupo minoritario más numeroso en Europa: se trata de al menos 12 millones de personas, entre ellas 5 millones de niños que deberían ir a la escuela”. “Son todas realidades importantes para la Europa de hoy y de mañana”, concluyó.
La Comisión Europea dice que el principio de libre circulación tiene límites
Por su parte, la Comisión Europea ha asegurado que está siguiendo las informaciones sobre la deportación de Francia de gitanos originarios de otros países comunitarios, pero ha dejado claro que por el momento no ha recibido ninguna queja “oficial” al respecto.
El portavoz comunitario Matthew Newman, ha reiterado el llamamiento de Bruselas a todos los Estados miembros para que apliquen correctamente las normas europeas sobre libre circulación. Newman ha recordado que la población gitana procedente de países como Rumanía y Bulgaria -miembros de la UE- “es ciudadana europea como cualquier otra” y por lo tanto esas personas “tienen los mismos derechos que todos los demás” y “pueden vivir, trabajar y estudiar en cualquier Estado miembro”.
Sin embargo, el portavoz ha recalcado que ese principio de libre circulación tiene unos límites y que, por ejemplo, un ciudadano comunitario sin trabajo debe ser capaz de demostrar que tiene recursos suficientes para vivir en otro país y que no será una carga para su sistema de seguridad social. Newman ha recordado que ante las expulsiones cada caso debe ser tratado individualmente por las autoridades nacionales, que deben estudiar aspectos como el tiempo que la persona lleva en el país o sus vínculos con el mismo y tomar una decisión “proporcionada”. Además, las personas afectadas pueden apelar las decisiones en los tribunales nacionales.
En España, declaraciones de la Unión Romaní y del Secretariado Gitano
La Unión Romaní española aseguró que demandará ante la Justicia al presidente francés, Nicolás Sarkozy, por la decisión de su gobierno de expulsar a cientos de gitanos rumanos y búlgaros en situación irregular. “Vamos a llevar a Sarkozy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” en Luxemburgo, anticipó el presidente de esa entidad, Juan de Dios Ramírez, primer gitano en entrar como diputado al Parlamento Europeo, en 1986, en entrevista publicada por El País.
Tanto la Unión Romaní como la Fundación Secretariado Gitano (FSG) calificaron de indignante y racista los destierros ordenados por París. El director de la FSG, Isidro Rodríguez, consideró la semana pasada que la medida adoptada por Sarkozy es un sinsentido en pleno siglo XXI. Según Rodríguez, medidas como la del mandatario galo lo único que hacen es reforzar los estereotipos negativos que ya existen sobre los gitanos, estigmatizar a toda la comunidad y alentar actitudes racistas.
Advirtió sobre la gravedad de la postura del gobernante francés, quien, a su juicio, mezcla criminalidad, con ilegalidad e inmigración. Los delitos los cometen los ciudadanos, no las comunidades, y los gobiernos deben actuar en consecuencia, porque, de otra forma, la semilla del racismo puede extenderse a otros países de Europa, alertó.
