(PpE/InfoCatólica) Según Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, convertir el aborto en un derecho altera por completo el panorama jurídico español porque se otorga carta de legalidad a la muerte del inocente frente al fuerte.
“Culturalmente, indica, significa que la violencia, incluso con consecuencia de muerte de un ser humano, está legitimada”. Este cambio jurídico afecta a muchas personas, entre ellas a numerosos profesionales. Urcelay prosigue:
“Lógicamente el primer afectado es el niño al que se le quita la vida. Pero es que, además, muchas mujeres se van a ver obligadas, directa o indirectamente, a abortar por motivos económicos, laborales o como forma de presión por parte de sus familiares o de su entorno social”.
No se respeta el derecho a la objeción de conciencia
A falta de conocer el desarrollo completo de la Ley, según Profesionales por la Ética, los profesionales sanitarios quedan bajo sospecha. En primer lugar, porque se limita la posibilidad de objetar en conciencia al médico que interviene directamente en la práctica del aborto, con lo cual el resto de profesionales sanitarios, auxiliares y administrativos, tienen la obligación de procurar el aborto. En segundo lugar porque todo apunta a que se elabore un registro de médicos objetores al aborto, una auténtica “lista negra” que en realidad es una amenaza para los objetores.
Por último, como ha venido advirtiendo Profesionales por la Ética, la nueva legislación introduce un capitulo educativo por la cual todos los alumnos serán educados en el derecho al aborto, en la diversidad sexual, en las relaciones sexuales prematuras sin ningún tipo de límite:
“Este tipo de educación, que el Gobierno ha calificado como educación sexual adecuada, es una nueva forma de adoctrinamiento escolar que los padres no podemos permitir porque conculca nuestro derecho a educar a nuestros hijos. Por tanto, en cuánto conozcamos la forma concreta en que la educación sexual se va a implantar en las escuelas actuaremos con todos los medios legales a nuestro alcance”.
Pendientes del Tribunal Constitucional
Por otra parte, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la posible suspensión cautelar de la Ley que entra hoy en vigencia y que fue solicitada por el Partido Popular al presentar su recurso de inconstitucionalidad al texto legal. Dicho partido cree que es necesario que la ley no entre en vigor hasta que el tribunal haya emitido sentencia.
El argumento esgrimido por los populares para solicitar la suspensión es que si finalmente el TC considerara la ley contraria a la Carta Magna, se habría producido ya un daño irreparable en el derecho a la vida.
