(InfoCatólica) La legalización de la «muerte asistida» (eutanasia o suicidio asistido) se suele proponer primero para casos extremos y excepcionales, como los de los enfermos terminales adultos con dolores físicos insoportables. Sin embargo, por lo general luego se expande progresivamente, llegando a incluir a veces a enfermos no terminales, a menores de edad, o a personas con enfermedades mentales o con discapacidades.
El caso de Canadá
Canadá legalizó la Asistencia Médica para Morir (MAiD) en 2016 bajo criterios relativamente estrictos que exigían que la muerte natural fuera «razonablemente previsible». No obstante, en 2021 se eliminó el requisito de la muerte previsible, abriendo la puerta de la eutanasia a personas con enfermedades crónicas o discapacidades severas. El debate actual gira en torno a la posibilidad de aplicar la eutanasia a pacientes cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental. La reforma canadiense de la Ley MAiD contemplaba abrir el acceso de la eutanasia a esos pacientes. Sin embargo, tras un intenso debate político, se decidió el bloqueo indefinido de esta expansión.
El grueso de las muertes por MAiD en Canadá se concentra en la llamada «Vía 1» (muerte natural razonablemente previsible), donde el cáncer representa más del 63% de los casos. La «Vía 2» (enfermedades crónicas o discapacidades donde la muerte no es inminente) representa el 4,4% del total.
Las estadísticas oficiales reflejan un aumento constante de la eutanasia; en la actualidad las muertes por eutanasia representan aproximadamente el 5% del total de muertes. Críticos de diversas organizaciones no gubernamentales argumentan que la falta de alternativas de vivienda digna o de un soporte socioeconómico adecuado empuja a personas vulnerables hacia la MAiD.
El caso de Bélgica
Bélgica legalizó la eutanasia en 2002 tanto para dolencias físicas como para el sufrimiento psíquico crónico e incurable. Se exige que el paciente tenga plena competencia mental al solicitar la eutanasia. En 2014, el Parlamento belga eliminó el límite de edad, convirtiéndose en el primer país del mundo en permitir la eutanasia para niños bajo ciertas condiciones (capacidad de discernimiento y enfermedad terminal). En 2025 se registraron en total 4.486 casos de eutanasia, lo que equivale aproximadamente al 4% del total de muertes. Diversos expertos en bioética denuncian una flexibilización en la interpretación del sufrimiento psicológico. Los casos de eutanasia por deterioro cognitivo o demencia abarcaron el 1,7% del total de eutanasias.
El caso de Países Bajos
Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Lo hizo en 2002 y fue seguido ese mismo año por Bélgica. Inicialmente Países Bajos limitó la eutanasia a personas adultas, pero luego la normativa se expandió, mediante el Protocolo de Groningen, incluyendo a recién nacidos con pronósticos graves; y, más recientemente, a niños de entre 1 y 12 años con enfermedades terminales.
La normativa neerlandesa permite la eutanasia psiquiátrica bajo la causal de «sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejoría». En 2025 se registraron 175 casos de eutanasia psiquiátrica, dentro de un total de 10.300 eutanasias. Además, se registraron 499 casos de eutanasia por demencia avanzada, que en general se basaron en voluntades anticipadas firmadas por los pacientes antes de perder sus capacidades cognitivas.
El debate sobre la eutanasia psiquiátrica
En el debate bioético, los críticos de la eutanasia utilizan con frecuencia el argumento de la pendiente resbaladiza. Tras la legalización de la eutanasia, se produce una «normalización» del procedimiento: lo que al principio era visto como un último recurso para casos excepcionales pasa a verse cada vez más como una alternativa médica convencional. Además, dicha legalización ejerce presión sobre las personas más vulnerables: las personas mayores, con depresión o de bajos recursos económicos a menudo sienten que son una carga para sus familias o para la sociedad. También se suele desincentivar la inversión pública en cuidados paliativos de calidad en favor de la eutanasia, una opción más económica.
Mientras que en la opinión pública y la profesión médica de los países analizados existe una amplia mayoría a favor de la eutanasia en el caso de enfermos de cáncer en estado terminal, las opiniones sobre las solicitudes de eutanasia motivadas por trastornos mentales están muy divididas. Los críticos de la eutanasia han alertado sobre la ambigüedad del diagnóstico de una enfermedad mental como incurable, que ha provocado casos muy mediáticos de pacientes jóvenes con depresión grave o autismo crónico que accedieron al procedimiento de eutanasia.
El sufrimiento psíquico puro representa aún una proporción pequeña de las «muertes asistidas». Sin embargo, cada caso autorizado desafía la concepción tradicional de la medicina y de la prevención del suicidio.
La postura de la Iglesia Católica
La postura oficial de los obispos católicos en Canadá, Bélgica y los Países Bajos es de firme y sistemática oposición a la eutanasia y al suicidio asistido. La Conferencia Episcopal de cada uno de estos países fundamenta su rechazo en la doctrina católica, defendiendo la inviolabilidad de la vida humana y alertando de manera constante sobre los peligros de la «pendiente resbaladiza».
En particular, los obispos canadienses denuncian que la MAiD se ha convertido en una salida corporativa o económica ante la falta de recursos sociales; y el arzobispo de Toronto, Francis Leo, ha calificado el suicidio asistido como una «farsa» de compasión y un fracaso sistémico en el cuidado de los más débiles. Al cumplirse el décimo aniversario de la legalización de la eutanasia, el Comité de Familia y Vida de los obispos publicó una severa carta pastoral exhortando a los fieles a una «renovada oposición» y exigiendo que los centros de cuidados paliativos católicos permanezcan completamente libres de la práctica de la eutanasia.
En los Países Bajos, el Cardenal Willem Eijk (Arzobispo de Utrecht y médico de profesión) ha argumentado con frecuencia que «terminar con el sufrimiento eliminando la vida no es eliminar el sufrimiento, sino eliminar a la persona que sufre». Eijk ha criticado con dureza las resoluciones judiciales que permiten aplicar la eutanasia a pacientes con demencia avanzada basándose en testamentos vitales antiguos, señalando que se desprotege por completo a los enfermos vulnerables que ya no pueden comunicarse.
La Conferencia Episcopal Belga se opone a cualquier ampliación de la normativa (como la eutanasia infantil o para pacientes con demencia). No obstante, la Iglesia en Bélgica enfrenta problemas internos complejos debido a la profunda secularización del país. Durante años existió una fuerte tensión respecto a si los hospitales y residencias de ancianos de gestión o herencia católica debían verse obligados por ley a permitir que médicos externos aplicaran la eutanasia en sus instalaciones. Los obispos defienden firmemente la objeción de conciencia institucional. Además, en Bélgica se han manifestado algunas posturas disidentes de parte de ciertos clérigos. El caso más destacado fue el del obispo de Amberes, Johan Bonny, quien sugirió que la doctrina católica tradicional que califica a la eutanasia como un «acto intrínsecamente malo» era una respuesta demasiado rígida, abogando en su lugar por un enfoque basado en el discernimiento según las circunstancias particulares del paciente.
Frente a las leyes estatales, los obispos de los tres países considerados promueven unánimemente el desarrollo y financiamiento de los cuidados paliativos. Argumentan que el dolor físico y la angustia psíquica extrema pueden controlarse eficazmente mediante la medicina paliativa moderna sin necesidad de eliminar deliberadamente la vida del paciente, preservando la dignidad humana hasta la muerte natural.
La administración de los sacramentos a personas que han programado su eutanasia
La administración de los últimos sacramentos (la unción de los enfermos, la confesión y el viático o eucaristía) a personas que han decidido programar su eutanasia representa uno de los problemas pastorales más agudos para la Iglesia Católica contemporánea.
La respuesta oficial de las conferencias episcopales se basa en la doctrina católica, que exige que para recibir dichos sacramentos debe existir un arrepentimiento sincero y la intención de no cometer un pecado grave (en este caso, la eutanasia o el suicidio asistido). Sin embargo, la aplicación práctica de esta norma varía bastante.
En Canadá, las respuestas a la MAiD se dividieron notablemente por regiones geográficas.
Los obispos de Alberta y los Territorios del Noroeste siguieron la línea más estricta, determinando que si un paciente manifiesta una decisión firme e irreversible de recurrir a la MAiD, el sacerdote no puede administrar la unción de los enfermos ni el viático. El argumento es que el sacramento celebra la confianza en Dios y la vida, lo cual contradice la decisión de terminarla voluntariamente. Si el sacerdote procediera, incurriría en un escándalo pastoral. Sin embargo, se insta al clero a no abandonar al enfermo, ofreciendo oración compartida y acompañamiento espiritual hasta el final, siempre que no implique avalar el acto.
En cambio los obispos de las provincias del Atlántico adoptaron un enfoque más matizado. Aunque reafirman que no se puede dar el sacramento si no hay un cambio de intención, enfatizan que el juicio sobre la libertad y la culpa de una persona muy enferma le corresponde sólo a Dios, y piden a los sacerdotes priorizar la cercanía pastoral y evitar que la negación del sacramento se perciba como un castigo o abandono eclesiástico.
En los Países Bajos, bajo el liderazgo del Cardenal Willem Eijk, se sigue también una línea de firmeza doctrinal. La Iglesia neerlandesa establece con claridad que un sacerdote debe negarse a administrar la unción de los enfermos si el solicitante planea someterse a la eutanasia. Esto se fundamenta en que el sacramento prepara al fiel para la muerte natural con la esperanza de la resurrección, pidiendo a Dios la fuerza para sobrellevar el sufrimiento. Programar la propia muerte denota una falta de disposición interna para recibir la gracia sacramental. El sacerdote puede bendecir al enfermo y rezar con él, pero los ritos sacramentales quedan suspendidos a menos que el paciente desista de la eutanasia.
Por último, Bélgica sigue el modelo más flexible y descentralizado, influenciado por su entorno social muy secularizado. Los obispos belgas argumentan que el deber del sacerdote es permanecer al lado del sufriente, independientemente de sus decisiones, emulando la figura de Jesús en el Evangelio. Aunque concuerdan en que la unción de los enfermos no es un rito de «despedida para la eutanasia», la práctica en muchas diócesis belgas permite que, si el enfermo muestra una fe sincera pero se siente incapaz de soportar el dolor físico o psíquico, el sacerdote evalúe la situación con una enorme condescendencia. En muchos casos, se administran oraciones de encomendación e incluso gestos litúrgicos de reconciliación momentos antes del procedimiento, interpretando que el sufrimiento extremo del paciente nubla su plena libertad y culpabilidad.
El funeral católico
Otra cuestión pastoral crítica en torno a la eutanasia es si una persona que fallece por eutanasia tiene derecho a unas exequias católicas. El derecho canónico prohíbe el funeral eclesiástico para los pecadores manifiestos si esto causa «escándalo público» entre los fieles.
Las conferencias episcopales de los tres países considerados coinciden en que la eutanasia no es un motivo de excomunión automática ni de negación absoluta del funeral. Si la decisión del paciente se mantuvo en el ámbito estrictamente privado (evitando la contestación pública contra la doctrina de la Iglesia) y la familia solicita la misa de exequias de buena fe, los obispos recomiendan conceder el funeral. Se prioriza el consuelo de los familiares y se encomienda el alma del difunto a la misericordia divina, evitando emitir un juicio definitivo sobre su salvación eterna.
