(TheCatholicHerald/InfoCatólica) Tras la instalación del nuevo Congreso uruguayo en febrero, resultado de las elecciones de octubre de 2024, uno de los primeros proyectos de ley presentados busca despenalizar la eutanasia en el país. Todo apunta a que podría ser aprobado incluso este mismo año.
La iniciativa es impulsada principalmente por el diputado Federico Preve, del izquierdista Frente Amplio, mismo partido del presidente Yamandú Orsi. El proyecto cuenta además con el respaldo del Partido Colorado y de legisladores de otras fuerzas políticas, incluidos algunos de orientación conservadora. Sus promotores creen que cuentan con los votos suficientes para que se apruebe durante la presente legislatura.
También cuentan con un amplio respaldo social. Una encuesta realizada en 2020 reveló que el 82 % de los uruguayos estaba a favor de permitir la eutanasia. En ese mismo año, el diputado Ope Pasquet presentó un proyecto similar que fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2022, pero que nunca fue sometido a votación en el Senado.
Durante las discusiones parlamentarias de entonces, se convocó a especialistas de diversos campos para compartir sus opiniones, entre ellos representantes de grupos contrarios a la eutanasia. Uno de los más activos fue el teólogo y doctor en filosofía Miguel Pastorino, docente de la Universidad Católica del Uruguay.
Pastorino, experto en bioética, forma parte de un equipo multidisciplinario que desde hace años trabaja para impedir la legalización de la eutanasia en el país. Él mismo reconoce que se encuentra en una mejor posición para abordar el tema públicamente que los propios miembros del clero, aunque considera probable que esta vez el proyecto acabe siendo aprobado.
«Uruguay ha sido un país laico desde hace más de 100 años. Si la Iglesia defiende una postura, la gente hace lo contrario solo por eso», afirmó.
Actualmente, más de la mitad de los uruguayos no se identifican con ninguna religión, y solo el 33 % se declara católico. Según Pastorino, apenas un 5 % asiste regularmente a misa. Por ello, él y su equipo abordan el debate utilizando exclusivamente argumentos laicos.
«Si estás debatiendo con un ateo, no le importa lo que Jesús dijo ni lo que la Biblia dice sobre la vida y la muerte. Muchos católicos no entienden eso», explicó.
Esto no significa, añadió, que los católicos no puedan ni deban expresar sus opiniones. De hecho, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, ha ofrecido entrevistas en las que se ha manifestado en contra de la posible legalización de la eutanasia.
«Nosotros, por supuesto, somos siempre defensores de la vida, de la protección de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Creemos que esto es un error y que también se está tocando un tema que para nosotros los uruguayos es fundamental, dado el contexto de nuestro país, que es defender siempre la vida», declaró Sturla a Radio Montecarlo la semana pasada.
Pastorino señaló que incluso los obispos suelen utilizar argumentos humanitarios más que religiosos en este tipo de debates públicos. Él mismo ha recomendado esta estrategia al clero en el pasado.
«Aun así, es común que los activistas pro eutanasia nos acusen de basar nuestras ideas en preceptos religiosos, como estrategia comunicativa», afirmó.
Desde 2020, Pastorino ha participado en múltiples debates universitarios sobre el tema. Aunque reconoce que rara vez logra cambiar la postura de sus oponentes, sí ha logrado modificar su percepción sobre él.
«Esperaban que fuera una especie de talibán católico. Pero en nuestro equipo hay personas de distintas religiones e incluso ateos», comentó.
Para Pastorino, la oleada actual a favor de la eutanasia proviene principalmente de sectores de izquierda posmodernos, que describe como «altamente individualistas».
«Ellos creen que es fundamental defender el derecho de cada uno a decidir si su vida debe ser abreviada ante una condición médica grave», explicó. «Pero no comprenden que detrás de esa decisión hay cuestiones sociales y psicológicas».
Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de América Latina, siendo los hombres mayores los más afectados. La depresión es una verdadera epidemia en este mismo grupo social.
«Algunos sectores sociales están totalmente excluidos. Ya sufren una especie de eutanasia social. La exclusión de los pobres culminaría en una eutanasia clínica», advirtió Pastorino.
Agregó que, si se presenta la opción de morir, muchos ancianos optarían por ella solo para «no ser una carga para los demás». En esa lógica distorsionada, los altruistas serían quienes prefieren no vivir.
«Pero cuidar a nuestros mayores, a quienes nos cuidaron cuando éramos bebés, es lo que nos hace humanos», enfatizó.
Según Pastorino, el debate en Uruguay no ha sido lo suficientemente riguroso hasta ahora.
En las encuestas, por ejemplo, suelen preguntar: «¿Preferiría usted sufrir o morir en paz?».
«Por supuesto, nadie quiere sufrir. Pero nadie quiere morir. Si les preguntas: “¿Prefiere aliviar su dolor o morir?”, la mayoría querrá seguir viva», argumentó.
Muchos uruguayos desconocen las posibilidades reales que ofrece el cuidado paliativo y los hospicios, que están disponibles y son accesibles en el país. En una entrevista, el cardenal Sturla mencionó el Hospice San José, creado por un grupo de católicos hace años.
El equipo de Pastorino apoyó en su momento una ley para regular el cuidado paliativo en Uruguay. Esta fue aprobada, pero aún requiere desarrollos normativos que garanticen mejor acceso a estos servicios.
«Entonces, la gente apoya la eutanasia, pero cuando les hablamos de todo esto, empiezan a dudar y muchas veces cambian de opinión. La ignorancia es el peor problema», concluyó.
El proyecto actual, según Pastorino, es muy similar al de 2020. Establece que los adultos en pleno uso de sus facultades mentales que sufran una o más enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que afecten gravemente su calidad de vida puedan solicitar la eutanasia.
El foco del texto legal está en quienes padecen dolores insoportables, con el objetivo de garantizar el derecho a una «muerte indolora, pacífica y digna».
El médico tratante es el encargado de realizar un primer análisis tras la solicitud del paciente. Este debe presentar todas las alternativas de tratamiento disponibles, incluido el cuidado paliativo. Luego, el caso debe ser evaluado por un segundo médico, y el paciente entrevistado nuevamente para ratificar su decisión.
Pastorino advierte que el texto actual tiene vacíos y formulaciones deficientes que permitirían, por ejemplo, que una persona con una enfermedad crónica pero con 20 años de esperanza de vida pueda optar por la eutanasia de inmediato.
Además, el proyecto no exige, como sí lo hacen legislaciones de otros países, una evaluación por parte de un equipo multidisciplinario que incluya psicólogos.
«Si nos llaman a discutirlo en el Congreso, trataremos al menos de incluir esos elementos en el proyecto», aseguró.
