(InfoCatólica) A través de un vídeo publicado en YouTube, Caccia y Blanco informaron sobre el estado actual del caso y denunciaron que Bertomeu estaría intentando evadir la justicia peruana alegando inmunidad diplomática. Según su versión, dicha inmunidad no le correspondería, ya que el sacerdote no fue acreditado oficialmente como parte de una misión diplomática ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Antecedentes del caso
La denuncia fue admitida en julio de 2024, y en septiembre del mismo año, los denunciantes prestaron declaración ante el fiscal designado. Sin embargo, en octubre, el fiscal provincial Sandro Ruiz Herrera se inhibió del caso al considerar que Bertomeu tenía rango diplomático, basándose en el Decreto Supremo N.º 0007-82-RE, que establece la inmunidad diplomática en Perú.
No obstante, la defensa de Caccia y Blanco argumenta que la normativa citada exige una acreditación formal por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual, según afirman, nunca se realizó. En noviembre de 2024, el ministerio confirmó que Bertomeu ingresó a Perú con una visa oficial para una visita a la Nunciatura Apostólica, pero sin acreditación diplomática.
Posteriormente, en diciembre de 2024, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, revisó el expediente y determinó que Bertomeu no es un alto funcionario y, por lo tanto, no cuenta con la prerrogativa del antejuicio político. A pesar de ello, el 17 de diciembre, la defensa del sacerdote solicitó el archivo del caso, presentando documentos que, según los denunciantes, no sustentaban una inmunidad efectiva.
Decisión judicial y próximos pasos
El 20 de enero de 2025, los denunciantes se enteraron de la presencia de Bertomeu en Lima y solicitaron que se le citara a declarar. Sin embargo, descubrieron que la denuncia había sido archivada desde el 13 de enero, sin haber sido notificados oficialmente.
Ante esta situación, presentaron una impugnación argumentando que el fiscal omitió información clave del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fiscal de la Nación. La justicia peruana ha aceptado ahora esta impugnación, lo que permitirá que el caso continúe en evaluación.
Caccia y Blanco han reiterado que no tienen vínculos con el Sodalicio de Vida Cristiana y han solicitado al sacerdote Bertomeu que deje de evadir la justicia y responda a las acusaciones en el marco del debido proceso legal.
Excomunión revocada por el Papa
El pasado 26 de septiembre, Caccia y Blanco recibieron un precepto penal en el que se les acusaba de tres delitos canónicos, derivados de su denuncia penal contra el sacerdote Jordi Bertomeu Farnós por violación del secreto profesional.
El sacerdote de la diócesis española de Tortosa era entonces enviado especial a Perú por la Santa Sede, en julio de 2023, como colaborador del arzobispo Charles Scicluna, encargados de esclarecer denuncias de abusos sexuales y de poder por parte de miembros del Sodalicio de Vida Cristiana. Según explicaron, el documento establecía graves sanciones, entre ellas la excomunión, una multa económica y la prohibición de presentarse públicamente como católicos.
El 23 de noviembre, Caccia y Blanco fueron recibidos en la biblioteca privada del Papa Francisco. Durante la reunión, el Pontífice revocó el precepto penal firmado en septiembre y les aseguró: «La excomunión no va, quédense tranquilos». Según los periodistas, el Papa mostró cercanía y atención, destacando que el asunto nunca debió haber llegado a ese punto.
El Papa también les pidió comunicar a sus allegados que habían sido bendecidos por él y que la excomunión no sería aplicada. Además, firmó personalmente la revocación del precepto penal. En el transcurso de la conversación, Caccia y Blanco explicaron los pasos previos que habían seguido en el caso, incluyendo una demanda presentada ante la Rota Romana contra el sacerdote Jordi Bertomeu.
