(InfoCatólica) Los pensionistas británicos con enfermedades terminales podrían optar por terminar con sus vidas antes para evitar a sus seres queridos impuestos de seis cifras, según han advertido expertos.
Según las normas actuales, las pensiones se transfieren libres de impuestos sobre la renta si la persona fallece antes de los 75 años. Sin embargo, si la muerte asistida se legaliza, esto podría dejar a alguien cercano a esa edad ante la difícil decisión de prolongar su vida o ahorrar a su familia cientos de miles de libras en impuestos. Y ciertametne también podría ocurrir que los familiares de los enfermos les presionen para que adelanten su muerte.
Andrew Tully, especialista en pensiones, afirmó que el posible cambio en la ley añade un factor de consideración adicional en una situación ya de por sí crítica. Actualmente, si alguien fallece antes de los 75 años, su pensión puede ser heredada sin impuestos sobre la renta. Si fallece después de esa edad, los beneficiarios deben pagar impuestos sobre la renta por lo recibido, con tasas de hasta el 45 %.
Los obispos ya lo advirtieron
Varios obispos británicos han advertido que la legalización del suicidio asistido no será meramente una salida para los enfermos terminales que quieran morir antes de que les llegue su hora, sino que supondrá un elemento de presión para que aquellos que prefieren esperar a fallecer cuando les toque, decidan pedir la eutanasia.
Nichols
El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y primado de la Iglesia en Inglaterra y Gales, alertó sobre las consecuencias que la legalización del suicidio asistido puede tener en la sociedad y, más concretamente, en los individuos que se encuentran en las etapas finales de la vida. En una carta, afirmó que lo que inicialmente se plantea como un derecho a morir, en muchos casos, puede convertirse en una obligación de morir. «Una ley que prohíbe una acción actúa como un disuasivo claro; pero una ley que permite una acción cambia las actitudes. Aquello que es permitido, a menudo fácilmente se alienta», advirtió el purpurado.
Mark O´Toole
Mons. Mark O’Toole, arzobispo de Cardiff-Menevia en Gales aseguró que «el nuevo proyecto de ley marca un momento muy serio para nuestro país. Plantea preguntas serias sobre qué tipo de sociedad queremos ser» y recordó lo que ya ha pasado en otros países:
«Si el proyecto de ley llegara a convertirse en ley, la experiencia de países como Canadá, Bélgica, los Países Bajos y algunas partes de los Estados Unidos muestra que los más vulnerables rápidamente se sienten en riesgo»
«En Oregón, a menudo sugerido como un modelo por los partidarios del suicidio asistido en el Reino Unido, más del 47 por ciento de aquellos que lo aceptan citan ser una carga para la familia, amigos y cuidadores como una razón», dijo O’Toole.
También señaló que Bélgica ha ampliado un permiso inicial que era solo para adultos para permitir la eutanasia voluntaria de niños.
«Se han visto algunos casos extraordinarios: eutanasia para anorexia nerviosa, eutanasia para alguien que se arrepintió de una reasignación de género, eutanasia de gemelos que temían perder la vista», mencionó el arzobispo.
Egan
Por su parte, el obispo de Portsmouth, Mons. Philip Egan, en su carta pastoral titulada No Matarás, además de asegura que el suicidio asistido es gravemente inmoral, una ofensa contra Dios y «una maldad disfrazada de bondad», advirtió a los fieles que no movilizarse contra el proyecto de ley es «capitular ante la misma ideología contra la que Gran Bretaña luchó en la Segunda Guerra Mundial».
El prelado denunció que el suicidio asistido pone «una presión intolerable sobre los más vulnerables: los enfermos, los ancianos, los discapacitados y los moribundos».
«Los tienta a sentir que son una carga creciente y un gasto financiero para su familia y para otros», señaló. «En otras palabras, el derecho a morir se convierte ineludiblemente en una presión para morir y luego en un deber de morir».
McKinney
De igual forma, el obispo de Nottingham, Patrick McKinney, advirtió que estamo ante una «ley devastadora» que afectará especialmente a los enfermos y vulnerables:
«Basado en la experiencia de otras jurisdicciones que han aprobado leyes similares, no tengo dudas de que esto no se trata solo de cambiar la ley; estamos a punto de presenciar un cambio devastador en nuestra cultura y sociedad.
El principio fundamental de que no nos involucramos en causar la muerte de otros será reservado para los fuertes y saludables, mientras que las personas gravemente enfermas y vulnerables ya no gozarán de tal protección»
Misma táctica perversa
Las leyes de ingeniería social que abogan por la cultura de la muerte, aborto y eutanasia, siguen un mismo patrón. En un principio se plantean solo para casos extremos. Cuando se logra el consenso social, se da un paso más y se aprueban de forma generalizada. Y finalmente, se convierten en el derecho a matar al no nacido y a pedir que un médico mate al enfermo. El paso siguiente será la obligación de aplicar esas leyes incluso a quienes no las desean. Algo que en relación a la eutanasia, ya se está planteando de forma abierta.
De hecho, son muchos los países europeos, caso de España, que se enfrentan a un incremento de los gastos en pensiones inasumible para los estados. Facilitar o promover la muerte de los ancianos podría ser una herramienta para recortar esos gastos.
Otro ejemplo de las consecuencias de este tipo de leyes es que se usan de forma eugenésica. Es el caso de los fetos con síndrome de Down, que son abortados de forma inmisericorde. Hay países como Islandia donde ya no nacen niños así.