(Cope/InfoCatólica) En cuanto al objetivo del plan, el arzobispo ha indicado busca «abrir una puerta para la reparación integral de aquellas víctimas de abusos que encuentran que los procedimientos jurídicos han concluido».
«Abrimos un cauce en el que la víctima esté en el centro de la reflexión, en el que busquemos la verdad y la justicia, en el que insistimos muchos en una acción coordinada. Por eso lo hemos aprobado, no solo los obispos de España, sino también la Confederación Española de Religiosos (CONFER). Y para poder constituir también una comisión de juristas, psicólogos y psiquiatras que puedan valorar lo que supone la reparación integral de estas víctimas», ha explicado Argüello.
Además, se trata de un plan integral, que va mucho más allá del ámbito económico:
«A veces los ecos ponen el acento en lo económico, que por supuesto se incluye, pero la propuesta pasa por la escucha, el reconocimiento, porque la víctima pueda ver que la institución acoge a esta persona.
Le pide perdón en nombre de la institución, si el propio acusado no está delante, y le ofrece un acompañamiento y también una reparación en el campo económico, bien por indemnización del daño moral por los gastos de los tratamientos que la persona haya podido necesitar».
«Los casos que nosotros hemos conocido en la Iglesia, que desgraciadamente siguen produciéndose algunos, la mayoría han ocurrido antes de los 90 y, por tanto, en el cauce penal, han prescrito. Nuestro plan pone ahora el foco, especialmente, en los casos en los que se ha cerrado por prescripción o por fallecimiento. Es en estos casos donde queremos que la comisión asesora pueda juzgarlo», añade el presidente de la CEE.
«Se nos acusó de no hacer nada y ahora se nos tacha de unilaterales»
Por otro lado, Argüello apunta que «da la impresión» de que el Gobierno trata de convertir los abusos en el seno de la Iglesia en un asunto político:
«Hemos aprendido a tener una conciencia viva de lo ocurrido, a tener una responsabilidad. Este asunto ha sido utilizado tanto mediática como políticamente. Lo que hemos vivido en las últimas semanas es que con el deseo de poner en marcha este plan, nos hemos reunido con el defensor del pueblo y con asociaciones de víctimas. Ante estas iniciativas, el Gobierno ha querido reaccionar y nos acusa de unilaterales. Esta acusación en realidad es un alago, si la Iglesia no reconociera una suerte de obligación moral para abrir esta puerta a víctimas de abusos que tienen la vía judicial cerrada, las víctimas se encontrarían con las puertas cerradas».
Respecto a la forma de proceder, «en este momento existen en España 270 oficinas de atención a víctimas de abusos. En estas ya se ha recibido a muchas víctimas, muchas ya han recibido una escucha y una reparación integral. Lo que aprobamos ayer no es un comienzo ni un final, es un punto y seguido, unos criterios de coordinación entre diócesis entre congregaciones religiosas. Queremos que ellas mismas lo hagan llegar, las que no lo hayan hecho, para poder presentar de nuevo su situación».
«Nosotros desde la creación de estas oficinas, que no es la primera medida que adoptamos de forma común, en cuanto recibimos una denuncia, lo ponemos en conocimiento de la fiscalía, policía o Guardia Civil. Esto se viene haciendo en los últimos años, cuando afortunadamente el número es menor que años atrás. Y aunque pensemos que puede estar prescrito, también lo ponemos en su conocimiento», ha concluido Mons Argüello.
