(Cope/InfoCatólica) «El trabajo que la Iglesia viene realizando no ha empezado hoy ni concluye hoy, pero hoy sí que es un día importante porque ponemos en común, ofrecemos a las víctimas de abusos, a la comunidad cristiana, y quisiéramos que a la sociedad, la experiencia de un trabajo compartido, un trabajo de comunión». Con estas palabras el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, muestra su satisfacción por que los obispos españoles hayan aprobado en Asamblea Plenaria Extraordinaria las líneas que orientan la acción de la Iglesia en relación a los abusos sexuales cometidos contra menores, así comoel plan de reparación integral a las víctimas (PRIVA) y los criterios orientadores de este plan.
«Muchas de las víctimas no están asociadas»
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la Plenaria junto al presidente de la CONFER, Jesús Diaz Sariego, Argüello ha destacado la Iglesia se ha reunido con asociaciones de víctimas de abusos o el Defensor del Pueblo para presentar las líneas de trabajo y escucha, así como recoger las sugerencias.
«En este camino hemos aprendido la importancia de cada rostro, de que estos rostros piden discreción y lealtad. Muchas de las víctimas no están asociadas, muchas de las víctimas a las que hemos escuchado en las congregaciones y diócesis nos han ayudado a tomar conciencia», ha señalado.
La mayoría de los casos de abusos han prescrito: «Les abrimos esta puerta»
En este sentido, el presidente del episcopado ha puesto el foco en que la mayoría de los casos de abusos fueron cometidos antes de los años noventa, por lo que tienen las vías judiciales cerradas al haber prescrito su causa en el derecho civil y penal, así como canónico, si bien en este último existe la posibilidad de levantar la prescripción.
«Hay víctimas que por la muerte de quien es acusado como victimario o por la prescripción se encontraba con la puerta cerrada a la hora de abordar su situación, y nosotros le hemos querido abrir esta puerta para establecer un sistema de acogida y reparación integral más allá de lo que pueden hacer los procedimientos juridicos, porque esas puertas están ya cerradas para vivir este acompañamiento y propuesta de reparación», ha recalcado Argüello.
Díaz Sariego: «Queremos poner especial incidencia en la reparación moral»
Por su parte el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, ha explicado que conforme han ido escuchando a las víctimas «nos hemos ido sensibilizando del daño que algunos miembros de la Iglesia ha realizado con niños, menores y esa escucha atenta de las víctimas ha ido cambiando nuestro modo de proceder».
Un trabajo, ha argumentado Sariego, que nos ha traído hasta la aprobación de estos documentos y que, según el presidente de CONFER, «nos permite en comunión entre las diferentes instituciones de la Iglesia atajar esta realidad. Queremos poner especial incidencia en la reparación moral para los casos prescritos según la ley civil y canónica que no es posible reabrirlos, entendemos que la Iglesia tiene un deber moral con estas personas», ha precisado.
No se aprueba «para responder ningún reproche del Gobierno»
Argüello ha aclarado a su vez que la aprobación del plan integral de reparación a las víctimas de abusos no es un decreto jurídico que obligue a las diócesis y congregaciones a su cumplimiento, sino que asume por parte de Iglesia «su obligación moral» y aprobación de unos criterios para la atención a las víctimas.
«Un miembro del Gobierno decía que la Iglesia actuaba en esto de manera unilateral, y claro que lo es porque es nuestra toma de decisión libre que responde a una obligación moral. Por propia iniciativa asumimos la obligación de abrir una puerta. Es unilateral pero esto que puede parecer un reproche es en realidad un reconocimiento porque solo cuando las vías juridicas están cerradas, si no se abre una puerta movida por otra vía que no es la jurídica, y por tanto es unilateral decisión propia de la Iglesia deciden dar un paso», ha explicado.
Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal ha hecho hincapié en que el PRIVA no se aprueba «para responder ningún reproche del Gobierno, sino para responder a las víctimas», y ha reafirmado el compromiso de la Iglesia por mantener una colaboración «leal desde el respeto hacia lo que significa la Iglesia, sus instituciones y a su marco jurídico» con el Estado.
«El Gobierno tiene una responsabilidad sobre todos los ciudadanos, y nosotros para esa responsabilidad que el Gobierno tiene sobre todas las víctimas podemos ofrecer nuestras experiencia con las víctimas provocadas por algunos miembros de la Iglesia Católica«, ha continuado explicando Argüello.
En este sentido, Argüello ha informado que no hay una fecha fijada para una nueva reunión con el Gobierno, pero insiste en que el Ejecutivo debe respetar las reglas del juego, después de que el pasado viernes el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, enviara una carta al propio presidente del episcopado para que los obispos no aprobaran este plan PRIVA.
«El Gobierno de la nación de un estado democrático debe respetar las reglas del juego y la regla del juego es que una institución tiene derecho y al mismo tiempo el deber de organizarse y responder a lo que consideran son sus obligaciones», ha advertido Argüello.
Cuestionado si el PRIVA incluye un fondo de indemnizaciones, Argüello asegura que la Iglesia responderá «con los recursos de su comunión de vida y de bienes a los que tenga que abordar»
