(Agencias/InfoCatólica) Si alguien pensaba que la expulsión de Pablo Rojas y José Ceacero del monasterio podía suponer un cambio en la actitud de las ex-monjas clarisas, ayer quedó claro lo contrario.
En un comunicado enviado a la Agencia Efe las ex-religiosas aseguran que el control absoluto del monasterio, en el que desde anteayer no están los dos representantes de la Pía Unión, «de cuya jurisdicción nos apartamos»
Las excomulgadas dicen que la titularidad del monasterio y su actividad dentro del mismo es «una cuestión puramente jurídica», que no depende de la autoridad eclesiástica. Por eso, añaden, «deberá ser dirimida por los Juzgados y Tribunales correspondientes».
Además piden a Mons. Iceta que aborde el asunto con la comisión negociadora, que conforman el bufete Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, para «dar una solución extrajudicial al conflicto», que «satisfaga a todas las partes y evite tanto la presente situación como la judicialización del asunto».
Las que forman el grupo cismático entienden que deben proteger su condición de poseedoras del convento y también protestan por el aviso del uso de «la fuerza pública» en caso de desahucio, que solo tendría cabida «si se acompaña una resolución judicial», como subrayan, añadiendo que, en tal caso, además «habría de ser incumplida en periodo de ejecución voluntaria».
¿Falsa excusa doctrinal?
Son cada vez más los indicios que apuntan a que las tesis sedevacantistas de las ex-clarisas son una simple excusa para provocar la salida da la Igleisa a fin de poder hacerse con el control de los monasterios de Belorado y Derio.
De hecho, crearon dos asociaciones civiles con el objetivo de cambiar la naturaleza jurídica de los monasterios para despojarlos de su entidad eclesiástica y convertirlos en entidades civiles. Fuentes del Arzobispado de Burgos confirmaron a EFE que recientemente tuvieron conocimiento de la creación de estas asociaciones, cuya tramitación administrativa se inició en mayo, si bien las exreligiosas no han conseguido concluir el procedimiento destinado a transferir los monasterios, y sus propiedades, a una asociación civil.
En el comunicado de ayer, las ex-monjas se presentan como defensoras de la fe:
«A día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la Fe Católica»
Respuesta de la Iglesia
La archidiócesis de Burgos ha hecho público el siguiente comunicado:
Respuesta al comunicado de las exreligiosas de Belorado
Consideraciones de la Comisión Gestora ante el comunicado emitido, en la tarde de hoy, desde el Monasterio de Belorado por parte de las diez exreligiosas.
Burgos, 26 de junio de 2024 · Ante el comunicado que suscriben las diez exreligiosas del Monasterio de Belorado, dando contestación a las declaraciones realizadas por el Comisario Pontificio y Arzobispo de Burgos en rueda de prensa del pasado 24 de junio, el propio Comisario Pontificio junto a la Comisión Gestora desea manifestar:
1. La comunicación de prensa remitida por las diez exreligiosas de Belorado vuelve a expresar su voluntad libre y personal de separación de la Iglesia católica. Además, afirman querer secularizar la actividad que se lleva a cabo en el Monasterio. Para ello, como aseguran, han presentado instancia para otorgar naturaleza civil a esta actividad. A este respecto, hay que recordar que el Monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español.
2. Efectivamente, según manifiesta su comunicado, el Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, siendo por tanto un bien de titularidad eclesiástica. Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él. Sí lo poseen las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de Clarisas. El título legítimo corresponde a la persona jurídica (Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado) y no a las personas físicas. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad la afirmación de que se les «pretende echar hasta las puertas de la calle», como si fuera una decisión arbitraria. No es nuestra intención causar ningún perjuicio. Las exreligiosas son merecedoras de nuestro respeto y consideración. Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión «libre y personal», hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada.
3. Respecto a lo manifestado acerca de la intervención de las cuentas corrientes, conviene recordar una vez más que, al haber sido nombrado un Comisario Pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias. Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como Representante Legal de las entidades religiosas en cuestión.
4. Como ya es conocido, el pasado 6 de junio, tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el Monasterio de Belorado para establecer un cauce de interlocución económica a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. En ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas, teniendo incluso que requerirse en dos ocasiones más dicha información. Hasta la fecha, esta documentación aún no ha sido entregada, dificultando así la correcta administración de los Monasterios.
5. Como ya se ha comunicado en nota de prensa esta misma mañana, las peticiones de pagos que han sido dirigidas a la Comisión Gestora están siendo estudiadas para resolverlas adecuadamente. Ante todo, hay que hacer frente a un evidente problema de liquidez en las cuentas bancarias, dado que el saldo obrante en ellas no permite satisfacer todos los pagos de manera inmediata.
6. Esta Comisión Gestora jamás ha expresado ninguna «amenaza al recurso a la fuerza pública» ni a ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas. Esto no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exreligiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar. En referencia al respeto y consideración, es preciso recordar que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio.
7. Como no puede ser de otra manera, celebramos que se reconozca la autoridad de los Tribunales de Justicia, porque efectivamente a ellos corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Lo que no se llega a comprender es que en el citado comunicado se haga referencia a «dar una resolución extrajudicial al conflicto». No puede entenderse como un conflicto la actuación del Comisario Pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los Monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con «comisión profesionalizada» alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente.
8. Manifestamos, una vez más, nuestra preocupación por las hermanas mayores y, de modo particular, por su atención espiritual, que tampoco ha estado cuidada durante este tiempo. El hecho de que las diez exreligiosas permanezcan fuera de la Iglesia católica dificulta el acompañamiento de las hermanas mayores que, aún con sus limitaciones, siguen siendo monjas católicas de clausura y conforman la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado.
Más allá de los temas jurídicos anteriormente expuestos, reiteramos la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo.
Cabe recordar lo que indican los acuerdos entre la Santa Sed e y el Estado español, que tienen rango de ley:
El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas, y de las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Las Órdenes, Congregaciones Religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro, adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente Registro del Estado, la cual se practicará en virtud de documento auténtico en el que conste la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.
