(CEE/InfoCatólica) El lunes 30 los obispos españoles se reunieron en una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para tratar el asunto del Informe presentado por el Defensor del Pueblo.
En la reunión han participado 88 obispos, 31 obispos de manera presencial y 57 por videoconferencia. También han asistido el presidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.
Tuvo que pasar un día, y en la red social Twitter, el Cardenal Omella, Presidente de la Conferencia Episcopal, decidió decir algo. Muchos sacerdotes, a los que se ha insultado y vilipendiado también han echado en falta alguna aclaración por parte del Secretario Portavoz.
Ya el lunes, tres días después, la Asamblea convocada se centró en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, con dos puntos en el orden del día:
- el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre,
- así como el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal Española.
Al analizar esta cuestión, los obispos manifestaron su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas.
Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.
Duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe. No corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino.
Sobre el informe del Defensor del Pueblo
Los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales. En este sentido han realizado una primera aproximación a su trabajo valorando, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar a las víctimas en el centro. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe.
Partiendo de esta realidad, la Asamblea Plenaria se une a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe. Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda.
Sobre la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo
En relación a la auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades. La Asamblea Plenaria ha decidido posponer a la próxima Asamblea de noviembre la decisión sobre la encomienda realizada al despacho Cremades&Calvo Sotelo en el mes de febrero de 2022.
Puesta en marcha de las recomendaciones recibidas
En relación a las recomendaciones propuestas por el informe del Defensor del Pueblo, los obispos de la Asamblea Plenaria constatan que, en buena medida, son convergentes con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo.
Los obispos han decidido encargar al Servicio de Protección de Menores de la CEE el itinerario de la aplicación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en relación a los cauces de reparación, prevención y formación. Este itinerario será ya implementado en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre.
Un problema que va más allá de la Iglesia
Junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, por la que miembros de esta Asamblea Plenaria han pedido perdón, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tiene el deber de dar respuesta.
De todas formas, un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir trabajando en la misma línea, incorporando a su esfuerzo diario estas recomendaciones. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia no solo en la Iglesia sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo, con espíritu de colaboración.
Arzobispado de Oviedo
El Arzobispado de Oviedo emitió el sábado un comunicado saliendo al paso de las declaraciones del Defensor del Pueblo:
Don Ángel Gabilondo Pujol, Defensor del Pueblo, se dirigió, con fecha 24 de febrero de 2023, al Arzobispo de Oviedo, solicitando toda la información de que se dispusiese en el Arzobispado acerca de posibles casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes diocesanos de Asturias.
Desde la Vicaría General se respondió al Defensor del Pueblo, con fecha 31 de marzo de 2023, en los siguientes términos:
1) Hasta el presente ha habido dos denuncias por abusos sexuales de sacerdotes. Una fue archivada por la fiscalía, pues estimó que la denuncia era falsa; la segunda, en cambio, concluyó con la expulsión y la suspensión de las funciones sacerdotales del acusado.
2) Estos dos casos sucedieron antes de que fuese creada, el 31 de marzo de 2021, la Oficina diocesana de prevención y actuación en casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables. Desde la fecha de su creación hasta la de la respuesta a la carta del Defensor del Pueblo no fue presentada ninguna denuncia en dicha Oficina.
3) Respecto a algunas de las informaciones que el Defensor del Pueblo solicitó acerca de los datos personales de las víctimas de los dos casos arriba mencionados, al señor Gabilondo se le indicó que el Arzobispado podía incurrir en un delito de revelación de datos de personas, que no han dado su autorización para el uso que el Defensor del Pueblo pretendía realizar, y que, para seguridad jurídica, era preferible que los recabase de los tribunales de justicia en Asturias, ya que las correspondientes denuncias fueron presentadas en foro judicial.
4) En una carta de acuse de recibo, dirigida, con fecha 5 de mayo de 2023, por el Defensor del Pueblo al Sr. Arzobispo de Oviedo, le agradece el que se le haya respondido a su escrito.
5) Anteriormente, el Arzobispado de Oviedo respondió a la solicitud de información acerca de la misma materia, que, con fecha 2 de febrero de 2023, le cursó la Fiscalía General del Estado. Inexplicablemente en la relación de las diócesis, facilitada a los medios de comunicación social, que supuestamente no respondieron a dicha solicitud por parte de la Fiscalía General del Estado, figura la de Oviedo, que, sin embargo, sí respondió por escrito a la Fiscalía.
La Diócesis de Oviedo ha cumplido siempre y diligentemente los requisitos que la Ley exige a todos los ciudadanos y seguirá haciéndolo como hasta el presente.
Obispado de Ibiza
Del mismo modo actuó el obispado de Ibiza.
