(Aica/InfoCatólica) «No podemos volver a la era oscura del terror, que mantuvo al país de luto durante veinte años. Esta situación merece la enérgica condena de todos, para reafirmar con absoluta urgencia el imperativo: ¡no a la violencia, venga de donde venga! ¡No más muertos, sí a la vida! La vida es sagrada, expresó el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Perú (CEP), en un comunicado, el segundo en veinticuatro horas, de la Iglesia peruana.
En el primer comunicado, los prelados expresaron sus condolencias por los fallecidos tras las violentas protestas en la ciudad de Juliaca, en el Estado de Puno.
Asimismo, lamentaron que los hechos hayan ocurrido «como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro, por el uso desmedido de la fuerza».
En las últimas 48 horas, el epicentro de la protesta fue la región suroriental de Puno (donde Castillo había obtenido cerca del 90 por ciento de los votos en 2021). A los 17 muertos del lunes en Juliaca, en los enfrentamientos entre policías y manifestantes, se sumó ayer el brutal asesinato de un agente del orden, quemado vivo dentro de su automóvil.
El llamamiento de los obispos parte precisamente de ese hecho:
«El Consejo Permanente de la CEP condena el ataque contra una patrulla policial en Puno, que terminó con la muerte del suboficial José Luis Soncco Quispe (de 29 años), quemado vivo dentro de un vehículo policial. Reafirmamos que el único dueño de la vida y de la muerte es Dios, nuestro Señor».
Continúa la nota:
«Como pastores les ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familiares y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, renovamos nuestras condolencias para las familias de los demás fallecidos y pedimos que se investiguen debidamente las muertes. Pedimos a los grupos contendientes que garanticen el traslado de los heridos, permitiendo la entrada y salida de ambulancias de los hospitales».
En tanto, la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y un toque de queda de tres días en la región de Puno, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra ella, el primer ministro Alberto Otárola y otros miembros de su gabinete por «genocidio y homicidio», en referencia a la represión de la policía, que -según algunos testigos- disparó indiscriminadamente contra los manifestantes.
