(Asia News/InfoCatólica) Un nuevo caso de conversión forzada de una niña cristiana menor de edad plantea la cuestión de la justicia y los derechos en Pakistán. Especialmente de las minorías, que con demasiada frecuencia son víctimas de abusos en un clima de constante impunidad. La violencia y los abusos se perpetran en nombre de la religión [islámica], pero en la gran mayoría de los casos la policía y los jueces no intervienen, ya sea por una elección deliberada o por miedo a acabar siendo blanco de represalias. Los que deberían intervenir terminan siendo cómplices de los crímenes.
El último caso es el de Saba Nadeem, de 15 años, hija de Nadeem Masih y perteneciente a una familia cristiana pobre de ocho miembros que vive en Faisalabad, Punjab. La joven fue secuestrada por un vecino musulmán, Yasir Hussain, el 20 de mayo. Fue violada y obligada a abrazar la fe islámica, y luego forzada a casarse con su captor. Sin embargo, al cabo de unos días, Saba consiguió escapar y pudo regresar con su familia de origen, mientras que su verdugo fue detenido por la policía.
El 6 de junio, Saba compareció ante el magistrado de la ciudad para presentar una denuncia en virtud del artículo 164 del Código Penal, explicando que había sido llevada «de Faisalabad a Gujrat» y «violada durante varios días». El 30 de septiembre, los jueces firmaron la orden de detención contra Yasir Hussain, señalando que la joven era menor de edad y que el matrimonio era nulo porque había sido «forzado mediante el uso de la fuerza y las amenazas». Sin embargo, a pesar de las denuncias y reclamos, la niña sigue esperando justicia.
La activista Lala Robin Daniel comenta el caso en diálogo con AsiaNews y explica que Saba es un ejemplo del intento de resistencia frente a la injusticia. Una menor de edad que lucha por ver procesada a la persona que la secuestró y abusó de ella, sin importar las amenazas que recibe su familia. En este caso, cabe destacar el papel de la policía que colaboró en su liberación. Joseph Jansen, presidente de Voice of Justice, desplaza el foco hacia el Consejo de Ideología Islámica (CII) y el Ministerio de Asuntos Religiosos, que «niegan» el problema y se encuentran entre los que «se oponen a la ley contra las conversiones forzadas». «Estos dos organismos», añade, «intentan deliberadamente ampliar su influencia y controlar el rumbo político de las normas que atañen a las minorías. Se resisten a la introducción de leyes que protejan los derechos de las minorías».
El padre Pascal Paloos recuerda que es frecuente que los autores de los delitos traten de manipular o encubrir las investigaciones y los procesos para quedar impunes, aprovechando también la connivencia o la no aplicación de las normas. Además, los jueces dictan sentencias que en la gran mayoría de los casos son favorables a los autores, dejando impunes los casos de secuestro, violencia y matrimonios forzados en los que las víctimas suelen ser muchachas menores de 18 años y miembros de minorías religiosas. Por tanto, reiteran el llamamiento de la activista Nadia Stephen para que se investiguen más a fondo los casos de secuestros y conversiones forzadas, especialmente si las víctimas son menores de 14 años y son agredidas sexualmente.
