(CH/InfoCatólica) El Ministerio de Sanidad neozelandés confirmó que el derecho a una inyección letal en virtud de una nueva ley de eutanasia podría extenderse a los pacientes que estuvieran muriendo por Covid-19 o sufrieran insoportablemente sus consecuencias.
En respuesta a una petición de aclaración sobre la ley de eutanasia que entró en vigor el mes pasado, el gobierno declaró que «en algunas circunstancias una persona con COVID-19 puede ser elegible para la muerte asistida».
La admisión de que los pacientes con COVID pueden recibir una inyección letal se produjo después de que Henoch Kloosterboer, editor del sitio web antieutanasia The Defender, presentara una solicitud en virtud de la Ley de Información Oficial, el equivalente neozelandés a la Ley de Libertad de Información de 2000.
Afirmó que la política dejaba «la puerta abierta al abuso» de los pacientes ancianos y vulnerables, especialmente si el servicio de salud del país se veía sometido a la presión de una oleada de COVID:
«No sería difícil prever una situación en la que un aumento rápido y considerable de las hospitalizaciones por COVID-19 podría dar lugar a presiones para utilizar la eutanasia y el suicidio asistido como herramientas para resolver una crisis tan grave».
La ley de eutanasia, agregó, «ahora ha hecho que la pandemia de COVID-19 sea potencialmente más peligrosa para la gente de Aotearoa (ndr:idioma maorí) Nueva Zelanda».
La Ley de Elección del Fin de la Vida de 2019 está considerada como una de las leyes de eutanasia más extremas de todo el mundo, y los críticos dicen que las salvaguardias son tan endebles que se pueden eludir fácilmente.
Permite tanto la eutanasia como el suicidio asistido a los adultos que padezcan una enfermedad que sea terminal en un plazo de seis meses, o que se encuentren en un estado avanzado de deterioro físico irreversible o que sufran de forma insoportable.
La ley, ratificada tras un referéndum en 2020, garantiza a todos los residentes el derecho a acceder a un médico que les mate en un plazo tan breve como cuatro días desde la recepción de la solicitud.
Los médicos reciben una tarifa gubernamental de 1.000 dólares más gastos por cada muerte por eutanasia que realicen.
Sin embargo, sólo 96 de los 16.000 médicos del país se han ofrecido a participar, y todos menos uno de los 32 hospicios del país han indicado que no permitirán la eutanasia.
La única excepción -el hospicio de Totara, en South Auckland- ha accedido a asignar un espacio en sus instalaciones para la práctica, aunque su personal se opondrá en conciencia a cualquier participación.
En el Reino Unido, la baronesa Finlay de Llandaff, profesora de medicina paliativa, afirmó que la ley de eutanasia neozelandesa contradice el propósito fundamental de la medicina y los servicios sanitarios de curar a los enfermos:
«Es extraño que un país que ha tratado de proteger a sus ciudadanos confinándolos por completo por un virus del que la gente puede recuperarse totalmente... sugiera ahora que estos pacientes sean asesinados por sus médicos. Esto pone patas arriba la ética de la medicina».
«Realmente no se puede predecir la muerte al 100%», añadió. «Así que, ¿por qué no apoyarles mientras se están muriendo y dejar la puerta abierta por si están en el grupo que desafía todos los pronósticos y se recupera completamente?».
