(Abc/InfoCatólica) En una nota enviada al Gobierno regional, a la que ha tenido acceso el diario ABC, dicho órgano consultivo advierte de que es «irrealizable y poco deseable» la puesta en marcha de «una ley de semejante calado» en apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley orgánica de Regulación de la eutanasia pasará por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves para su aprobación definitiva. A partir de ese momento, el mal llamado «derecho a morir» se publicará en el BOE y entrará en vigor a los tres meses, es decir, a mediados del mes de junio.
«Este plazo de implementación parece tan irrealizable, en sí mismo, como, aún más, poco deseable por coincidir en un contexto de pandemia en el que se ha alterado y dificultado, de manera trágica, el acompañamiento al final de la vida», afirma el Consejo Asesor del Gobierno murciano, quien recuerda en su nota que los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) están «sometidos a un nivel sin precedentes de estrés».
«No es un acto médico»
El senador por la Izquierda Conferederal, Koldo Martínez (Geroa Bai), fue el primero en denunciar el pasado miércoles en el pleno del Senado de que la ley de eutanasia se va a aplicar en España sin «una garantía mínima de calidad» para los pacientes que la soliciten. Según señaló este médico intensivista, la «prestación de ayuda a morir» entrará en vigor «sin la formación de los profesionales, sin la divulgación a la ciudadanía y sin tener articulado todo lo necesario para implementar el proceso de buenas prácticas, social, divulgativo, formativo y elaborados todos los documentos necesarios». El parlamentario citó hasta 25 actuaciones que serían necesarias llevar a cabo antes de la puesta en marcha de la ley.
«Una aplicación rápida y sin control podría producir un daño tremendo», afirma el presidente de la Asociación Española de Bioética, Luis Miguel Pastor
La vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), Manuela García Romero, considera que el SNS «debería tomarse el tiempo que fuera necesario» para poder esclarecer y protocolizar todo el procedimiento de manera que sea «garantista» para los ciudadanos. «Las prisas no son buenas y esta ley tiene que ser absolutamente garantista para las personas por lo que vamos a estar muy vigilantes», aseguró García Romero.
En el actual contexto de pandemia, la vicepresidenta del Cgcom recuerda que «todos los pensamientos, preocupaciones y esfuerzos del SNS están encaminados a salvar la situación actual». «No sé qué músculo tendrá el SNS para trabajar en todo este tema pero a priori parece un tiempo muy escaso y con demasiada prisas», afirmó.
«Dudo que el SNS tenga músculo en plena pandemia para poner en marcha la ley en tres meses», afirma la vicepresidenta segunda del Cgcom, Manuela García Romero
La formación del profesional sanitario es otro de los frentes que el Cgcom ve sin resolver. «La eutanasia no es un acto médico por lo que es una situación nueva para todos. Al menos se tienen que definir qué competencias tiene que tener el profesional, qué requisitos y debe ser una persona formada en todo esto, no se puede formar después de la entrada en vigor de la ley», apuntó.
El presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, Luis Miguel Pastor, es más categórico y avisa de que «una aplicación rápida y sin control» de la ley podría producir «un daño tremendo». «Desde el punto de vista técnico, jurídico y formal esto es un despropósito y desde el punto de vista de cualquiera que conoce la medicina y el funcionamiento del SNS sabemos que muchos médicos se van a ver violentados», apuntó el catedrático en Biología Celular.
Para el vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Javier Judez, el plazo de tres meses es «una fantasía del legislador que con toda seguridad no se va a cumplir y que si se cumple estará mal armada». Para este médico especialista en Cuidados Paliativos y Bioética, además es «muy llamativo» que la ley plantee abordar en el plazo de un año de su entrada en vigor la formación de los profesionales sanitarios pero en solo tres meses pretenda comenzar a aplicar la eutanasia.
En el estado de Victoria, Australia, tras dos años de consultas, la ley fue aprobada en noviembre de 2017, y entró en vigor el 19 de junio de 2019. En Nueva Zelanda, tras otro largo proceso deliberativo de dos años y su aprobación en el Congreso en 2019 seguida de un referendum en el que la ley fue aprobada por un 65% de la población en octubre de 2020, la ley entrará en vigor un año después de ser aprobada.
