(Agencias/Infocatólica) Muchas de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios se retiraron a última hora para allanar el camino al consenso y porque eran repetitivas. Buena parte de ellas buscaban preservar los derechos de los discapacitados.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió a los grupos parlamentarios que se corrijan las lagunas del texto en lo que atañe a los «derechos humanos de personas con discapacidad», a fin de evitar que se conviertan en «vidas descartables».
A juicio de esta organización, «la vida de las personas con discapacidad es igualmente de valiosa que la del resto de seres humanos». Las decisiones que se tomen en el final de la vida «no tienen que estar basadas u orientadas sobre aspectos como la discapacidad o la edad», lo que supondría una «discriminación derivada de prejuicios sociales».
Texto de poca calidad
Durante el debate del dictamen, la senadora de ERC, Laura Castells, echó en falta la celebración de «varias ponencias divididas por temas» y «un debate más sosegado» de la nueva «prestación de ayuda a morir». «Esta ley adolece de poca calidad legislativa», espetó la senadora, cuyo partido votó a favor del dictamen que deberá ser debatido ahora por el pleno del Senado antes de volver al Congreso de los Diputados. «Preferimos una ley de eutanasia así como está a no tenerla», afirmó Castells al diario Abc un día antes de la reunión de la Comisión.
Dentro del grupo de Izquierda Confederal (Compromís, Más Madrid, Catalunya en Comú Podem), su portavoz Koldo Martínez de Geroa Bai criticó «la oscuridad conceptual» de la proposición de ley. «La falta de claridad conceptual es antidemocrática y la manipulación de la realidad provocará inseguridad jurídica para los sanitarios y los pacientes», afirmó el senador, cuyo grupo parlamentario, sin embargo, también apoyó el dictamen.
Es una barbaridad
Martínez, que resulta ser médico intensivista, criticó además la falta de garantías que ofrece la ley a los pacientes. «Todos los controles desaparecen cuando una persona se encuentra sin uso de sus facultades. Es una barbaridad que el médico pueda presentar la solicitud de eutanasia en nombre del paciente, ya que no sabemos cómo se llevó a cabo el proceso de las voluntades anticipadas», afirmó.
D. Koldo tampoco está de acuerdo con la falta de definición de la ley sobre el perfil profesional de la persona que debe ejecutar el «derecho a morir». El articulado de la ley habla de «profesional sanitario competente» pero no especifica si debe ser el médico o el personal de enfermería. «Estamos a tiempo de reflexionar y mejorar una ley necesaria pero que ahora es deficiente y que habrá que modificar en tres años porque generará importantes recursos en los tribunales», afirmó.
