(Fides/InfoCatólica) La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, después de exhaustiva investigación, ha denunciado el escándalo del secuestro masivo de emigrantes en diferentes partes del país. Según los datos obtenidos el secuestro de emigrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos. En algunos casos se ven implicados también autoridades mexicanas.
México como país de origen, tránsito, destino y retorno de emigrantes concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo. Cada año, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, alrededor de quinientos cincuenta mil mexicanos emigran a Estados Unidos. Asimismo, en los últimos 3 años el Instituto Nacional de Migración aseguró un promedio anual de ciento cuarenta mil emigrantes sin documentos, en su mayoría de países de Centroamérica con la intención de llegar a Estados Unidos.
La magnitud de esta migración constituye un singular desafío debido a la complejidad que caracteriza a la migración internacional actual. Además esta situación se ve agravada por la gran extensión y alto riesgo de los trayectos que tienen que recorrer a lo largo del territorio nacional, lo que los convierte en personas completamente expuestas y vulnerables a sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos.
Los riesgos de este prolongado recorrido incluyen la posibilidad de sufrir un secuestro, sobre todo a partir de 2007, cuando por primera vez fueron documentados casos. No obstante esta reconocida vulnerabilidad, se han llevado a cabo muy pocas acciones por parte de las autoridades para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano.
En la inmensa mayoría de las ocasiones, los delitos permanecen impunes y revelan rasgos de apatía, omisión o corrupción. De los datos obtenidos en la investigación se deduce que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de emigrantes, así como un evidente desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño.
