(AsiaNews/Agencias) El gobierno malasio no ratificará el tratado de las Naciones Unidas (ONU) conocido como la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial (ICERD). Así lo anunció hoy la Oficina del Primer Ministro Mahathir Mohamad.
«El gobierno continuará defendiendo la Constitución federal, en la cual se sanciona el contrato social acordado por representantes de todas las razas, durante la formación del país». El «contrato social» de Malasia es un pacto suscripto por líderes de los distintos grupos étnicos (la mayoría islámica malaya y las minorías china e india), antes de la independencia del reino colonial británico, en 1957. En dicho acuerdo se establecen los derechos y privilegios de cada uno de estos grupos.
Tras la sangrienta violencia sectaria estallada a fines de los años sesenta, el gobierno adoptó una serie de políticas a favor de los ciudadanos de etnia malaya, que constituyen cerca del 60% de la población total de país, estimada en 32 millones de habitantes. Los datos oficiales reportan que la población de etnia china representa el 23% y la india, el 7%. En Malasia, «raza» y «religión» son estatus administrativos oficiales mencionados en el documento nacional de identidad de todos los ciudadanos mayores de 12 años. Los conceptos de «supremacía malaya» («Ketuanan Melayu» y «Ketuanan Islam») están estrechamente conectados, dado que los malayos, por ley, se ven obligados a ser musulmanes.
El 18 de noviembre pasado, el premier Mahathir había afirmado que sería prácticamente imposible para el gobierno ratificar el ICERD: para efectuar enmiendas en la Constitución federal, sería necesaria una mayoría de dos tercios en el parlamento. A principios de septiembre, Mahathir había declarado ante la Asamblea General de la ONU que Malasia procedería a ratificar cada una de las seis Convenciones sobre derechos humanos que aún no habían sido adoptadas, incluida aquella referida a la discriminación racial.
La propuesta de ratificar el contenido de la ICERD dio lugar a críticas y protestas por parte de representantes de gobierno y de la oposición, así como de movimientos y organizaciones no gubernamentales. Muchos temieron que su actuación pudiese minar algunos privilegios de que gozan los malayos, sancionados por la Constitución. El partido islamista Parti Islam Se-Malaysia (PAS), actualmente en el gobierno, y la Organización nacional de malayos unidos (UMNO), de la oposición, habían programado realizar una gran manifestación de protesta el próximo 8 de diciembre.
Ayer, algunas ONG afirmaron que la aprobación de dicha Convención representaba una jugada secreta del Partido de Acción Democrática (DAP) para abolir los privilegios especiales de la comunidad malaya musulmana. Lim Guan Eng, secretario general del DAP y ministro de Finanzas –de etnia china- rechazó cualquier implicación en ese sentido y solicitó que sus colegas de la coalición de gobierno presentaran las excusas del caso, amenazando con iniciar acciones legales.
