Es de un gran cinismo que los obispos catalanes invoquen «el desarrollo armónico de la sociedad», trascendiendo «la aplicación de la ley», cuando son los propios secesionistas quienes crean un ambiente social que imposibilita la realización del orden ideal de la justicia política y de la paz social, estimulando incluso al Gobierno, desde su adulterada cátedra, a otorgar garantía jurídica a situaciones anormales y golpistas. Precisamente, el conflicto se presenta en la vida práctica cuando se trata de armonizar lo que entra en colisión, la existencia de unos derechos penales con las exigencias de la sociedad. Beneficiar a personas cercanas políticamente al poder, anteponiendo intereses separatistas por mantener el cargo político, es algo ajeno al «desarrollo armónico de la sociedad», puesto que está en juego la limitación de los derechos de los ciudadanos ante las demandas del bien común: en ocasiones, como en un golpe de estado nacionalista, la primacía se encuentra en las exigencias de la colectividad, en la aplicación de las normas de un «estado de derecho». El secesionismo catalán no busca la armonía, sino el desmembramiento social, siendo responsable de instalar la corrupción, los privilegios e injusticias, los enfrentamientos sectoriales e ideológicos.
Pero la tosquedad y la manera equivocada y contraproducente de los prelados adalides del separatismo, su hilarante parroquialismo independentista, contaminador de la religión católica por asimilarla al victimismo identitario catalán, no se detiene en la pretensión de la armonía. Apelar cinco veces al diálogo, como hacen los obispos catalanes en una Nota mal redactada, exige buscar sinceramente la verdad y el bien común, proteger las estructuras de una auténtica democracia y construir la paz. Deberían leer más el pensamiento social del Cardenal Bergoglio, en lugar de citarlo por obligación y quedar bien como lo hacen. En una Homilía pronunciada en el Tedeum en la catedral metropolitana de Buenos Aires, el papa Francisco denunciaba las consecuencias de una falta de interés por el bien común, insistiendo en que cada vez es más difícil construir la identidad personal y comunitaria porque se ha roto la relación entre el hombre y su espacio vital. Para el Papa, la identidad como «pueblo» cada vez tiene menos valor, debido a la dinámica de fragmentación y segmentación de los grupos humanos.
Sólo un detalle más. Las manifestaciones de la caridad eclesial no pueden confundirse con la actividad del Estado. Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense interpelan a «avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón respetando la Justicia». Para que puedan vivirse las exigencias de la virtud de la justicia se requiere un estatuto jurídico que sirva de marco para una convivencia justa. Es lo que se denomina «estado de derecho»: si el ordenamiento jurídico de un Estado es injusto, es más difícil que puedan existir relaciones justas entre los ciudadanos, puesto que no hay justicia del Estado con los ciudadanos. Por lo demás, esos «sentimientos de misericordia y de perdón» que evocan los prelados exigen en el mensaje cristiano y en la misma vida pública la prelación del arrepentimiento denostado por los secesionistas. Hay que estudiar más doctrina social y dejar de politizar una Iglesia en Cataluña a la deriva por culpa del clero nacionalista.
Roberto Esteban Duque