(InfoCatólica) El Tribunal Civil de Lorient, en Francia, calificó como «despido improcedente» la expulsión de Sabin Baudin de la Valette, conocida como Sor Marie Ferréol, de su monasterio tras 34 años de servicio. La decisión, que consideró la relación monástica como un vínculo laboral, conllevó una compensación de más de 200.000 euros por daños morales a la monja.
El conflicto comenzó en 2011 cuando Sor Marie Ferréol denunció abusos graves dentro del monasterio de Pont Calec en Bretaña. Estas acusaciones llevaron al papa Francisco a encargar al cardenal Marc Ouellet una investigación en 2020, que resultó en la expulsión temporal y luego definitiva de la religiosa en 2021 por haber causado un clima de miedo y sospecha. Según el tribunal, la expulsión no siguió los procedimientos adecuados, faltó imparcialidad, y no se ofreció asistencia posterior a Sor Marie, quien terminó en indigencia.
Los jueces impusieron indemnizaciones significativas contra el cardenal Ouellet, sus colaboradores y el monasterio, por no haber respetado los derechos de defensa de Sor Marie Ferréol y por los daños materiales y morales causados. La abogada de Sor Marie buscó su rehabilitación moral y su posible reintegración en otra comunidad religiosa, aunque reconoció que este precedente complicaba tal objetivo.
Como era de esperar, el Vaticano ha expresado su preocupación ante la sentencia del Tribunal de Lorient. Según la Santa Sede, la misma podría constituir una «grave violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la libertad de asociación de los fieles católicos». El Vaticano argumenta que un tribunal civil no debería intervenir en asuntos de «disciplina interna» y «pertenencia a un instituto religioso», y ha enviado una nota de protesta a la embajada de Francia.
La nota verbal del Vaticano detalla que el cardenal Ouellet llevó a cabo una «visita apostólica» al monasterio por mandato papal, y que se tomaron las medidas canónicas que se estimaron oportunas. Además, la Santa Sede destaca que Ouellet nunca recibió citación del tribunal francés, lo cual podría invalidar el proceso. También señalan que el cardenal tenía inmunidad por su cargo en el Vaticano como prefecto del Dicasterio para los Obispos, equivalente a un ministro de gobierno en cualquier estado, lo cual exigiría que cualquier proceso en su contra se gestionase a través de canales diplomáticos.
