(CNA/InfoCatólica) Los jueces escucharon los argumentos de la Alianza por la Medicina Hipocrática (AHM), que busca imponer más restricciones en la prescripción de la mifepristona. El fármaco está aprobado para abortar químicamente hasta la décima semana de embarazo.
AHM, que representa a grupos médicos provida, demandó a la FDA en noviembre de 2022 para impugnar la aprobación de la mifepristona por parte de la agencia. La demanda impugnó además la desregulación posterior de la medicación por parte de la FDA, particularmente su permiso para recetar el medicamento sin una visita médica en persona y para dispensar la droga por correo.
Los jueces más conservadores del tribunal cuestionaron a la abogada de la FDA, la Procuradora General de los Estados Unidos Elizabeth B. Prelogar, sobre si la agencia siguió el protocolo adecuado al desregular la mifepristona.
Amy Barrett planteó que eliminar el requisito de presencia en persona podría «llevar a errores en la edad gestacional» porque los médicos no podrían realizar una ecografía. Preguntó si esto «podría aumentar la necesidad de un procedimiento [de dilatación y curetaje] o aumentar la cantidad de sangrado».
Samuel Alito preguntó por qué la agencia solo estudió los efectos de las acciones desregulatorias individualmente en lugar de estudiar cómo podrían representar un riesgo para la seguridad cuando se toman en conjunto como un todo.
En defensa de las decisiones de la FDA, Prelogar dijo a los jueces que la FDA «demostró que estos cambios ... eran seguros» a través de su análisis de estudios y que la seguridad de la desregulación no dependía de «otras salvaguardias diferentes en su lugar». También señaló que las ecografías nunca han sido requeridas por la FDA.
«No creo que se pueda culpar a la agencia por no prestar aún más atención explícita a este tema», dijo.
Prelogar dijo que la FDA encontró que algunos estudios sugerían que la desregulación aumentaría las visitas a la sala de emergencias, pero no encontró evidencia de que aumentaría los efectos adversos. Dijo que «las acciones de la FDA fueron legales» y que la AHM «simplemente no está de acuerdo con el análisis de datos de la agencia».
«Esa es una pregunta que el Congreso ha confiado a la FDA», dijo Prelogar.
Jessica Ellsworth, abogada que representa al proveedor de mifepristona Danco Laboratories, expresó una preocupación similar acerca de que los tribunales asuman la autoridad para determinar cómo la FDA maneja su protocolo relacionado con el estudio de la seguridad de los medicamentos y la desregulación.
«Sencillamente, los tribunales no están en posición de analizar los estudios y cuestionar la conclusión de la FDA», dijo Ellsworth.
Erin Hawley, abogada de la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), que representa a AHM, posteriormente contrarrestó los argumentos de la FDA y Danco, diciendo que las visitas en persona aumentarían la probabilidad de que la mujer se someta a una ecografía antes de que se le receten los medicamentos, en lugar de «poder ordenarlos en línea con un par de preguntas de selección».
¿Tiene la AHM derecho legal para demandar?
Cuando Hawley fue interrogada sobre la demanda, los jueces se centraron mucho en si AHM tenía derecho legal para demandar a la FDA.
Hawley argumentó que sus clientes, algunos de los cuales son médicos de sala de emergencias, tienen derecho a demandar porque se ven obligados a atender a mujeres que sufren complicaciones con la píldora abortiva, incluso si los médicos se oponen al aborto.
«Se ven obligados a gestionar los daños causados por los medicamentos abortivos», dijo.
Aunque la ley federal permite a los médicos abstenerse de proporcionar servicios que violen la conciencia del médico, Hawley afirmó que las objeciones en estas situaciones no son prácticas debido a la «naturaleza de emergencia de estos procedimientos».
Hawley dijo que la falta de atención en persona conduce a un seguimiento inadecuado para las mujeres que usan el medicamento, lo que las lleva a buscar atención en salas de emergencias.
«Las desregulaciones de la FDA convierten las salas de emergencia en esa visita de seguimiento», dijo Hawley.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que la ley federal ya protege su derecho a objetar y cuestionó por qué el tribunal necesitaría imponer «una orden que impida a cualquier persona tener acceso a estos medicamentos en absoluto» para remediar estas preocupaciones.
Durante la conversación, el juez Neil Gorsuch, nombrado por Trump, expresó una preocupación similar sobre la capacidad de un tribunal de distrito para restringir el acceso a un medicamento en todo el país basándose en las objeciones legales de un puñado de médicos. Su postura puede ser clave para inclinar la balanza a favor de las tesis de la FDA.
Tanto Alito como Thomas preguntaron a la abogada de la FDA sobre quién tendría permitido demandar a la FDA en esta situación si no fuera AHM. Prelogar dijo que sería difícil identificar a cualquier persona o grupo que tendría el derecho legal para presentar una demanda.
Se espera que la Corte Suprema decida sobre el caso en junio.
