Por ser un foco de intolerancia hacia los cristianos
Los grupos del PP, PSOE y UPyD quieren declarar «festejo popular» de Madrid los actos del Orgullo Gay. Si el Pleno del Ayuntamiento lo aprueba, tendrán la misma calificación institucional que las fiestas de San Isidro, La Paloma o el Dos de Mayo. Hasta el 26 de julio los ciudadanos pueden presentar alegaciones. HO expone varias razones para rechazar la iniciativa.
(HO/InfoCatólica) Hazte Oír propone un modelo de alegaciones que destaca una de esas razones: el Madrid Orgullo Gay es uno de los focos más agresivos de intolerancia religiosa contra los cristianos.
La organización cívica asegura que si el Orgullo Gay se institucionaliza, los organizadores, un conocido lobby gay con intereses muy lucrativos en una fiesta que gestiona en régimen de monopolio, no tendrán que cumplir la ordenanza municipal sobre ruidos (si es que alguna vez la han cumplido), disfrutarán de más subvenciones y se beneficiarán de otras ventajas para seguir ganando dinero a base de ofender a la mayoría de la población con sus burlas a las instituciones, las creencias y los símbolos de los cristianos.
Este es el texto que propone HO para ser enviado a la alcaldesa de Madrid:
Señora Alcaldesa de Madrid:
El Madrid Orgullo Gay acoge expresiones de intolerancia religiosa y ofensas hacia las creencias, instituciones y símbolos cristianos con los que se identifica una parte probablemente mayoritaria de la población.
Las burlas e incitaciones al odio religioso son variadas y perseverantes, año tras año, en los actos del MADO. Están sobradamente documentadas y son publicas y notorias como muestras de la intolerancia que constituye la naturaleza misma de esa celebración de origen privado que, por lo que denuncian reiteradamente vecinos del Centro, también resulta insalubre y molesta.
Solicito al Pleno Municipal que rechace la propuesta de la Junta del Distrito Centro de declarar «festejo popular» el programa del MADO, por constituir este un foco de ataques a la libertad religiosa garantizada por el artículo 16 de la Constitución Española y el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que vincula a España.
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