(HO / La Gaceta) En el borrador de la Organización Médica Colegial, que preside Juan José Rodríguez Sendín, se reconoce expresamente la objeción de los profesionales (32.2), pero se niega a las instituciones o colectivos la posibilidad de ejercer ese derecho.
En el capítulo Reproducción Humana, se obliga a los médicos objetores de conciencia a informar a las mujeres de “su derecho al aborto” (art.55.2) y se afirma que “no es conforme a la ética cualquier conducta destinada a cercenar o impedir los derechos que la ley conceda a las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo”.
La semana pasada, un juez de la Sala número 1 de lo contencioso-administrativo de Málaga suspendió cautelarmente una resolución del SAS, que negaba a una médico de familia el derecho a no participar en la tramitación de abortos. Profesionales por la Ética está recomendando a los médicos que muestran su disconformidad que se dirijan a sus respectivos colegios para formular alegaciones y solicitar que se modifiquen los tres artículos citados.
Como explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, "el derecho de una institución o un colectivo de negarse a practicar abortos o acciones contrarias a la vida humana está reconocido por la Resolución 1763 del Consejo de Europa. La inclusión en este Código del aborto como 'derecho' implica que los médicos que expresen su opinión sobre este tema, no quieran informar a una mujer sobre donde abortar o se declaren objetores serán sancionados en aplicación de los artículos 55.2 y 55.3, lo cual resulta gravísimo porque en la práctica es una restricción del derecho a objetar".
"Por otra parte, no cabe duda que en otros capítulos del nuevo Código se registran avances importantes respecto al Código anterior, como el reconocimiento de la objeción de ciencia, que permite a los profesionales abstenerse de realizar determinadas prácticas apoyándose en datos científicos o en la libertad de método", ha asegurado Urcelay.
¿Una imposición del Gobierno a la OMC?
Como informaba ayer Santiago Mata en La Gaceta, para los expertos, este cambio en el Código de Deontología Médica es una imposición externa a los Colegios de Médicos, como lo demuestra el secretismo con que se lleva a cabo su aprobación. En su primera redacción, que se entregó a los colegios en marzo, se especificaba que sólo se podían hacer copias con autorización expresa de la OMC.
En el borrador definitivo del código ético, que lleva fecha del 30 de abril, no se dice quién lo ha redactado. Sólo dos colegios han permitido discretamente el acceso de los médicos al texto: el de Granada y el de Toledo, éste especificando que el plazo de alegaciones al texto termina mañana. Al parecer, a cambio de negar el derecho a la objeción frente al aborto, el Gobierno seguirá reconociendo la colegiación obligatoria de los médicos. Ellos y los abogados son, previsiblemente, las únicas profesiones para las que se exigirá colegiación en la Ley de Servicios Profesionales que tramita el Ministerio de Industria.
Juan Manuel Molina, que hace tres décadas fundó la primera asociación provida en Andalucía oriental, comentó a La Gaceta que “con ese código, se salvan los colegios médicos, pero tienen que aceptar una norma del Gobierno en vez de conservar la garantía de independencia científica”. Este miércoles, Molina acompañará a un grupo de médicos objetores andaluces que expondrán su caso en rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo
