(PpE/InfoCatólica) Leonor Tamayo ha declarado sobre las alegaciones del Abogado del Estado que “nos sorprende que equipare Educación para la Ciudadanía a disciplinas académicas que transmiten conocimientos; Educación para la Ciudadanía enseña a los alumnos, desde los 10 a los 17 años, que no hay bien ni mal, que todo es relativo en el terreno ético y que cada uno tiene su propia moral. Otras asignaturas muestran conocimientos de manera objetiva pero no pretenden que los menores cambien sus valores o se adhieran existencialmente a ellos”.
Entre los argumentos esgrimidos por el Abogado del Estado en sus alegaciones ante el Tribunal, se encuentran los siguientes:
- “La concepción filosófica que presupone la democracia es el relativismo”.
- “Hoy la objeción recae sobre Educación para la Ciudadanía. Mañana podría objetarse la asignatura Ciencias de la Naturaleza, porque se explica en ella la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la Creación”.
- “El principio pluralista de un Estado democrático exige ciudadanos capaces de juicios morales autónomos”.
- De la Constitución no se desprende que “la educación o las virtudes cívicas deba considerarse monopolio de los padres”.
Tamayo ha anunciado que Profesionales por la Ética va a traducir las alegaciones del Abogado del Estado al francés y al inglés para exponerlos en foros internacionales como ejemplo del carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía. “Las afirmaciones del Abogado del Estado” asegura, “respaldan, por ejemplo, la demanda de 321 españoles a los que estamos asesorando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Tratado de Lisboa y la propia Constitución Española confirman que los poderes públicos garantizarán que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”. Con base en esos derechos reconocidos por la Constitución y los Convenios internacionales ratificados por España, Profesionales por la Ética ha promovido la demanda de 321 objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal de Estrasburgo y ha denunciado el carácter adoctrinador de estas asignaturas en diversas reuniones de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y en el Parlamento Europeo.
