(Abc/Agencias/InfoCatólica) Aunque la reforma de la Ley de Libertad Religiosa estaba prevista en el programa electoral del PSOE, y en verano del año pasado se anunciaba como inminente, al tiempo que se preveía un contenido más agresivo en temas como la objeción de conciencia, en los últimos meses se ha asegurado desde fuentes del propio Gobierno que preocupa tanto el contenido como el calendario de tramitación de la misma, y que el Ejecutivo no quiere inteferir en la visita del Papa, los días 6 y 7 de noviembre. El diario ABC señala que aunque el Consejo de Ministros enviase en julio el texto del Anteproyecto al Consejo de Estado, porque afecta a derechos fundamentales, el dictámen de dicho órgano tardará varios meses, por lo que la aprobación del texto, ya como proyecto de ley, no vería la luz hasta después de la visita.
La vicepresidenta del Gobierno dijo que la ley incorporará en sus "criterios generales" los recogidos por la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Derechos Humanos sobre exhibición de símbolos religiosos. "El grado de concreción está por determinar", añadió. Sobre el uso del velo en clase, Fernández de la Vega afirmó que no constituye ningún problema social, que es prioritario el derecho a la escolarización y que el caso de Najwa hay que resolverlo "desde posiciones conciliadoras sin caer en la tentación de crear un problema donde no lo hay".
Recomendaciones, prohibiciones y otros pasos para "avanzar en laicidad"
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, adelantó en una entrevista en la Cadena Ser "el perfil" de la "nueva Ley de Libertad Religiosa". El ministro precisó que la ley se basará "en las recomendaciones más que en las prohibiciones", si bien hizo referencia a la posible supresión de símbolos religiosos en colegios y hospitales públicos, así como a la celebración de "funerales de Estado aconfesionales".
Respecto a la primera cuestión, según fuentes gubernamentales citadas por la Cadena Ser, la nueva ley de libertad religiosa "pretende precisamente avanzar hacia la laicidad", por lo que, aunque no se concretarán símbolos, sí se "recomendará" que se eviten los símbolos religiosos de los centros edutivos y sanitarios de carácter público. El ministro indicó que los crucifijos saldrán de los colegios y de los hospitales públicos porque "en treinta años la sociedad española ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista del sentimiento religioso y de su pluralidad".
En relación con los funerales de Estado, el ministro de Justicia reconoció en la entrevista que se trata de "un tema complejo", por lo que "estamos viendo soluciones en derecho comparado, habrá una solución pronto, queremos crear un escenario de integración, progresivamente y por el cambio vemos más gente de otra religión y también tienen derecho a que el estado les rinda el tributo o se integren más ritos o se buscarán otras opciones aconfesionales".
A todo lo anterior, dijo Caamaño, se unirá un "manual de buenas prácticas" destinado a conocer y comprender los hábitos de las religiones que no sean la católica.
