(LaVerdad/InfoCatólica) La petición, que muy probablemente va a generar bastante controversia, se basa en la llamada 'jurisprudencia Lautsi' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que recientemente obligó al Estado italiano a retirar los crucifijos de las aulas de los colegios públicos. En concreto, este tribunal establecía que "la exposición obligatoria de un símbolo de una confesión concreta en el ejercicio de la función pública, respecto a situaciones específicas sujetas al control gubernamental, en particular las aulas, restringe el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, así como el derecho de los niños a creer o no creer".
El TEDH añadía que "esta medida (la colocación de crucifijos en las aulas de centros educativos públicos) vulnera estos derechos toda vez que las restricciones son incompatibles con el deber del Estado de respetar la neutralidad en el ejercicio de la función pública, en particular en el ámbito de la educación".
Un castillo musulmán
La citada demanda, presentada por Mazón, Martínez Segado y el grupo de juristas que en su mayor parte conforman la citada asociación, ha sido así presentada bajo la fórmula de "recurso especial de tutela de los derechos fundamentales" y el demandado es el Ministerio de Hacienda, como propietario formal del conjunto arquitectónico y de los restos del castillo musulmán sobre el que se asienta la espectacular figura del Cristo de Monteagudo.
Con carácter previo a esta iniciativa judicial, los impulsores de la misma se habían dirigido al Ministerio, recordando que la citada sentencia del TEDH "configura el derecho de libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, obligatorio en España", e instando a la Administración General, "en cumplimiento del derecho fundamental a la aconfesionalidad del Estado, del artículo 16 de la Constitución, a la retirada de la estatua del fundador del Cristianismo".
Los demandantes aseguran que el Cristo, "desde la década de los años 50, y como reliquia del totalitarismo católico impuesto por el régimen de Franco, sobrevive sobre el castillo musulmán de Monteagudo, cuya belleza destroza, dicho sea de paso". Y justifica el hecho de haberse dirigido en primer lugar al Ministerio de Hacienda por ser el Estado "el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa".
Van mucho más allá Mazón y sus compañeros de la Asociación Preeminencia del Derecho al poner de manifiesto que "la citada estatua, aparte de constituir una enfermiza incrustación que profana el castillo hispano-musulmán del último rey islámico, y patrimonio histórico, está ubicada en terrenos propiedad del Estado, por lo que proyecta la identificación de éste (el Estado) con el credo católico del cual dimana (la estatua)".
