(EP) El Grupo confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado este viernes 23 de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas ‘trans’ y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, que plantea, entre otras medidas, el tratamiento hormonal a los menores de edad dentro de la cartilla básica del Sistema Nacional de Salud.
«Es un día histórico para las personas transexuales», ha afirmado la portavoz de este grupo parlamentario en el Congreso, Irene Montero, que ha subrayado que con esta iniciativa se contribuiría a acabar con la situación de «marginación y discriminación», así como con la consideración de que son «personas enfermas».
En este sentido, ha subrayado que Unidos Podemos quiere decir «alto y claro que no, que las personas ‘trans’ son seres humanos que deben tener todos sus derechos garantizados» al tiempo que ha subrayado que se trata de una ley «pionera en España», que, además, parte del colectivo trans.
Por su parte, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha subrayado que hasta ahora en España sólo se había modificado los aspectos que tiene que ver con la identidad legal para adecuar el sexo y el registro, pero no medidas como las de esta propuesta que abarcan a los ámbitos sanitario, laboral, social, educativo y deportivo.
«Se necesita una ley integral de las personas trans que dé respuesta de una vez por todas y concrete que la democracia, aunque sea 40 años después, llega a las personas trans», ha aseverado la portavoz de esta Plataforma, que ha pedido además el apoyo de todas las fuerzas políticas para que las personas trans «dejen de ser ciudadanos de segunda». «Es una cuestión de derechos humanos y no apoyar esto sería indigno«, ha apostillado.
Esta propuesta identifica como sujetos en situaciones de vulnerabilidad a las mujeres trans, personas de edad avanzada y extranjeras identificadas como trans, y advierte expresamente de que las personas menores de 18 años «también son titulares del derecho a la identidad sexual».
Por ello, incluye a los menores «sin distinción» junto al resto de las personas trans, siendo la única peculiaridad que los que tienen menos de 16 años deben actuar a través de sus representantes legales, «salvo que reúnan las suficientes condiciones de madurez».
Concretamente, para los tratamientos hormonales, la iniciativa contempla para los menores un tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o un tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, «a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados».
Cambio de nombre, uniforme escolar, uso de aseos
Además, Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea propone también para los menores de 16 años que puedan solicitar la rectificación de la circunstancia relativa al sexo, y/o el cambio de nombre propio «cuando sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión».
Entre las medidas para el ámbito educativo, la iniciativa plantea que los centros docentes, «cualquiera que sea la naturaleza de éstos y el nivel educativo», el alumnado trans tenga derecho a utilizar y ser nombrado con el nombre elegido conforme a su identidad sexual –también en los boletines de notas–; a ser considerado a todos los efectos y actividades que se programen, el uso de uniformes, así como al acceso a los aseos y los vestuarios, de acuerdo a su identidad de género.
Asimismo, plantea que las comunidades autónomas incluyan específicamente en alguna materia del currículo educativo y, por tanto, en los libros de texto «la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como la igualdad de derechos de las personas trans».
Desempleo del 85%
En cuanto a las medidas en el ámbito laboral, para acabar con el «85% del desempleo» que afecta a este colectivo, la iniciativa legislativa de la formación morada plantea incentivos fiscales para la contratación de personas trans en el sector privado.
«Las entidades privadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la base imponible del Impuesto de Sociedades, equivalente al sesenta por ciento (60%) de las retribuciones correspondientes al personal trans contratado en cada período fiscal», sostiene el texto, que añade que este beneficio fiscal se concederá por un período de cinco años.
También en el ámbito laboral se propone la aprobación de un protocolo para garantizar la propia identidad sexual y expresión de género en este terreno; perseguir y sancionar las situaciones discriminatorias y de acoso laboral; incluir la perspectiva de diversidad sexual y de género en los convenios colectivos y en los planes de igualdad, o e incluir la transfobia como riesgo psicosocial para establecer medidas de prevención del acoso laboral por esta causa.
Identidad sexual en el deporte y en prisión
En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español por parte de entidades españolas de deporte, sea cual sea su naturaleza y nivel, tanto federado como popular, esta propuesta de ley señala que se considerará a las personas que participen «atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos, incluidas las categorías por sexo, en caso de distinguirse, y el uso de las instalaciones, sin que tal consideración esté condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno».
Igualmente, para el internamiento en los centros o módulos penitenciarios, el texto señala que se realizará «respetando la identidad sexual manifestada» y no atendiendo al sexo asignado al nacer, tomándose «todas las medidas de seguridad que garanticen la integridad física de la persona identificada como trans».
