(Actuall) La asociación LGTBI Arcópoli sigue con su caza al disidente y su nueva víctima ha sido el colegio católico Juan Pablo II de Alcorcón. Este lobby ha exigido a la Comunidad de Madrid que retire el concierto económico al centro concertado porque «vulnera la ley LGTB» aprobada por Cifuentes.
Arcópoli arremete duramente contra el director, Carlos Martínez por la carta que envió a los padres de los alumnos en el inicio de curso. En ella, hablaba de cómo devolver bien por mal tras los últimos atentados yihadistas en Europa y también criticaba la ley LGTBI de Cifuentes. Sin embargo, para Arcópoli, el director «compara la ley con el fanatismo terrorista».
El grupo LGTBI que aprovecha esta ley para adoctrinar a los niños se atreve a afirmar en un comunicado que «en España no deben caber los centros educativos sufragados con fondos públicos donde se adoctrine a menores de edad afirmando que determinadas leyes españolas parecen ‘fanatismo terrorista’ porque clamen por la igualdad para homosexuales, transexuales y bisexuales».
Una afirmación que resulta algo contradictoria si se tiene en cuenta que la nueva ley ha sido impuesta a los centros educativos sin haber consultado a padres, profesores o especialistas vulnerando el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Sin embargo, el director lo que hace con su misiva es defender el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y critica que se imponga la ideología de género en los colegios.
En el documento dice exactamente: «¡Que barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos! ¡Que despropósito imponer una ideología a fuerza de sanciones!».
Además, añade que «mientras tanto, nuestros políticos más cercanos, aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente Ley de Ideología de Género aprobada por la Asamblea de Madrid».
Martínez recuerda a los «obispos valientes» de Getafe y Alcalá de Henares, Reig Plá y López de Andújar, y alaba la nota dirigida a sus fieles en la que advierten de la ley aprobada por la presidenta madrileña con la unanimidad de la Asamblea.
Sobre la nota de los prelados, el director indica que «la persona es siempre digna de todo nuestro respeto, pero la mentira y el error hay que aclararlos constantemente, contraponiéndolos a la verdad. Recomiendo vivamente su lectura y contraste con la mencionada ley, para entender cuál es la raíz de este nuevo mal».
Martínez acababa diciendo a los padres que «en el fondo, el islam o la ideología de género no son más que otros ‘programas humanos’, como enseña Juan Pablo II, y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso».
Arcópoli pide medidas para este colegio «que desafía las leyes»
Sin embargo, la conclusión que saca Arcópoli es que el mensaje que se transmite a los estudiantes es que “la homosexualidad es una enfermedad” y que “es posible curar a los homosexuales”.
Tal afirmación de la asociación LGTB es falsa, porque en ningún momento el director del colegio dice que la homosexualidad sea una enfermedad.
El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha señalado que «es inadmisible que educar en igualdad y tratar de eliminar prejuicios homófobos sea tachado como ‘fanatismo terrorista’ y sufragado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid».
Asimismo, Blando ha reclamado que la Consejería de Educación se implique y exija a este colegio, «que desafía las leyes», la realización de «acciones de respeto hacia el colectivo LGTB en el centro para salvaguardar su dignidad y la igualdad de todos los alumnos».
Sin embargo, desde la asociación nada dicen del correo que enviaron a los institutos madrileños llamando a la caza al disidente.
Arcópoli insta a estos institutos a promocionar la visibilidad del colectivo LGTBI ofreciendo diversas charlas tanto a profesores como a alumnos, aprovechando claro está el estatus que le ha otorgado la Ley Cifuentes.
Cristina Cifuentes, por su parte, ya se ha pronunciado al respecto: «hay que ver hasta dónde llega la libertad de expresión de esta persona, que indudablemente la tiene, y también pero hay que ver si sus actuaciones como director del colegio pueden suponer también alguna forma de presión a alumnos y padres».
