(ACI/InfoCatólica) «Como las leyes los ciudadanos particulares no podemos recurrirlas, vamos a pedir al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo, que son los que están legitimados para recurrir al Tribunal Constitucional estas leyes, que hagan ese recurso», ha remarcado.
Así lo ha comunicado el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, que ha calificado estas leyes como «un grave atentado a los derechos fundamentales básicos». A su juicio, bajo estas normas se oculta «un intento de imponer en todos los ámbitos de la sociedad civil, privada y pública, la ideología de género y un pensamiento único sobre las conductas y la sexualidad».
Además, ha señalado que, por la información que tienen, prevén que una ley similar se va a presentar «en poco tiempo» en los 17 parlamentos autonómicos. De hecho, ya hay un texto en Extremadura, otro en Valencia y uno más centrado en la transexualidad en Andalucía, según ha precisado Blanco.
En cualquier caso, el presidente del Foro de la Familia ha asegurado que ellos también están a favor de no discriminar a nadie, «ni a los homosexuales, ni a los transexuales» pero lo que no quieren es que se «imponga una forma de pensar sobre la sexualidad».
La Ley gallega por la Igualdad de Trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, incluye un capítulo sobre ‘medidas en el ámbito familiar’ en el que se establece que «se podrán establecer programas de información dirigidos a las familias para divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y de género».
Además, contiene otro apartado dedicado a la educación en el que se dice que la consejería, con la colaboración de las Asociaciones de Padres de Alumnos (ANPA) «diseñará contenidos para las escuelas de padres sobre la realidad LGTBI». En cuanto a los medios de comunicación, también recoge que los medios autonómicos habrán de transmitir «una imagen igualitaria y no estereotipada».
Mientras, la Ley catalana de derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales y por la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, obligará tanto en el sistema educativo obligatorio como no obligatorio –guarderías, formación profesional– al conocimiento de las diversidades sexuales y afectivas y de la identidad de género. Además, atendiendo a la salud, dispone que se deben elaborar políticas de salud pública que velen por el derecho a la salud de las personas LGTB.
En el ámbito de la cultura y el ocio, la norma establece que la Generalitat apoye certámenes culturales y deportivos que incorporen especialmente la temática LGTB y que impulsen la producción cultural de espectáculos infantiles y juveniles con registros positivos sobre la diversidad afectiva y sexual y sobre identidad de género.
Contra los principios de la LOMCE
Para Blanco, estas leyes que «se van a ir notando» van «en contra de todas las leyes orgánicas del Estado que regulan estos derechos fundamentales» y concretamente, en contra de los principios la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que defiende la libertad de cátedra y la autonomía de los centros.
Sobre lo que establece la LOMCE en relación a que los alumnos de 1º a 3º de la ESO tendrán que estudiar las distintas técnicas de reproducción asistida, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual y adquirir conocimientos sobre sexualidad humana en general, Benigno Blanco ha apuntado que es normal que se expliquen estos temas en el colegio y que con ello «no se impone ninguna forma de ver la sexualidad».
Según ha indicado Blanco, si en estas leyes, donde está escrito ‘diversidad afectivo sexual’ o ‘colectivo LGTB’, se escribiera ‘católicos’ o ‘doctrina católica’, «todos clamarían» contra las mismas porque «por lo mismo que no se puede privilegiar a los católicos desde la administración tampoco se puede privilegiar a los que piensan en clave de ideología de género».