(El Tiempo/InfoCatólica) En el comunicado, el cardenal Salazar recuerda que
«La Iglesia Católica se opone a que los niños y niñas puedan ser confiados en adopción a parejas conformadas por personas del mismo sexo. En efecto, es necesario tutelar, prioritariamente, la integridad física, psicológica y moral de los menores de edad. Ese es un deber inexcusable, que las instituciones del Estado deben asumir con responsabilidad e independencia frente a la creciente influencia de la ideología de género y las presiones de algunos medios de comunicación y grupos de interés», sigue el documento, en el que se insiste en que los niños tienen derecho a una familia, fundada en el amor y el compromiso entre un hombre y una mujer.
«Este es el principio que, con total evidencia, fue acogido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico», sigue el documento. El cardenal afirma que la Iglesia no ataca a la comunidad gay ni tiene nada en contra de ella.
«Es necesario evidenciar que la Iglesia Católica en Colombia está profundamente interesada en que sean reconocidos y tutelados los legítimos derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su condición, consciente de que, con independencia de su orientación e incluso del comportamiento sexual, toda persona goza de la misma dignidad ante Dios y ante el Estado».
Podría generalizarse la adopción
Por su parte monseñor José Daniel Falla, secretario general del Episcopado, afirmó que, aunque se trata inicialmente de un caso puntual (el de las lesbianas de Antioquia), este podría abrir una puerta para que las parejas del mismo sexo, en general, puedan llegar a adoptar niños.
«A partir de este caso, las decisiones pueden crear jurisprudencia y la jurisprudencia termina generando normas para todo el mundo, y daría pie a adopciones de menores por parte de parejas homosexuales», dijo Falla al reiterar en que, en este debate los principales fundamentos que expone la iglesia no son religiosos sino constitucionales.
«La adopción de menores por parejas homosexuales no cabe en el ordenamiento constitucional. El primer derecho del menor es a una familia. Y el artículo 42 dice claramente que la familia está formada por la unión del hombre y de la mujer. Los magistrados no pueden cambiar la Constitución. Están obligados, aunque no quieran, a acatarla y tutelarla», expresó por su parte el padre Pedro Mercado, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal.
Según él, «la Corte es un tren sin frenos y sin ruta clara. Está legislando, cambiando la Constitución a su antojo con base en criterios ideológicos, entre ellos la ideología de género. Hay que ponerle freno a esos excesos y desviaciones jurídicas».