(EP) En los fundamentos de derecho, el fallo, emitido tras la apelación de la parte defensora, se hace constar que las conclusiones de los dictámenes periciales médicos «evidencian categóricamente y de manera indubitada que la acusada tenía intacta su capacidad de comprender lo que hacía y la ilicitud de sus actos, habiendo acreditado la prueba de cargo obtenida más que suficientemente la forma en que se perpetraron los hechos».
Asimismo, en el mismo apartado se señala que la conclusión del jurado popular, que se encargó de enjuiciar a la acusada el pasado mes de noviembre, y la calificación de la conducta en la sentencia de instancia, como delito de asesinato con alevosía, «resulta perfectamente lógica y asumible».
El jurado declaró culpable de asesinato por unanimidad a María del Mar G.Z., toda vez que las siete mujeres y dos hombres de los que se compuso el tribunal consideraron que la procesada mató intencionadamente al niño, el cuál «no tenía posibilidad alguna de defensa».
Así, basándose en la declaración de los forenses emitida en la segunda y última sesión de la vista oral, el jurado creyó probado que la acusada no presentaba «ninguna anomalía psíquica», pues «diferenciaba entre el bien y el mal y era consciente de sus actos».
«Nació con vida»
Del mismo modo, hizo alusión a que la víctima nació con vida, como puede desprenderse de la autopsia, puesto que, en concreto, los pulmones del bebé analizados por los peritos estaban «distendidos» y presentaban un aspecto «rosado», signos éstos de que el niño llegó a respirar al nacer.
De igual forma, el jurado popular se refirió en su dictamen a que la cabeza del fallecido presentaba cuatro traumatismos y algunas hemorragias internas que, a su juicio, fueron provocadas por «golpes», acogiéndose al mencionado testimonio de los forenses.
Así las cosas, la fiscal, Gracia Rodríguez, mantuvo, una vez conocido el veredicto del jurado, su petición de condena de 19 años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco, solicitando el abono del tiempo que había permanecido en prisión preventiva desde mayo de 2011.
