(Libertad Digital) El objetivo del Gobierno es crear "un observatorio sobre el pluralismo religioso o un estudio completo sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal". Para ello, presentan como una de sus medidas estrella la "formación y enseñanza de los distintos agentes públicos (policías, militares, facultativos, etc) en materia de libertad religiosa", aunque siempre "desde el consenso", como suelen afirmar desde el Ejecutivo.
El pretexto utilizado para esta reforma es la "modernización y actualización" de una ley que data desde 1980 pero que su funcionamiento no había levantado polémicas hasta la ofensiva laicista de Rodríguez Zapatero. Creen que es necesaria esta modificación porque "en la sociedad hay más pluralidad".
"Se trata de que en todos los ámbitos se tenga acceso a otras confesiones religiosas y todos los seres humanos puedan ejercer su derecho". Y para ello apuestan por equiparar la religión católica con la musulmana siendo necesario para ello sacar de la vida pública los símbolos religiosos cristianos, algo que se está haciendo ya con los crucifijos en las escuelas.
Mientras tanto, el popular Federico Trillo ya ha avanzado que su grupo no apoyará esta medida que "es una regresión y manipulación del Gobierno" ya que "confunden acciones válidas, como las exteriores, con intromisiones estremecedoras en las libertades individuales y colectivas".
Trillo indicó que el Gobierno pretende "reducir la religión a un tema asociativo civil para equiparar a las confesiones religiosas con movimientos esotéricos". "No queremos que nadie observe las prácticas religiosas de los españoles". Y para concluir, el popular sentenció que "bajo la capa de la pluralidad, la disolución del hecho religioso, y bajo la capa de laicidad, someter a la Conferencia Episcopal".
