(EP) «El ministro Gallardón propone castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en los casos de malformación del feto. Resulta sorprendente ese empeño casi obsesivo por criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros, sin que ello haya generado problemas, ante la amplia aceptación social de dicha despenalización», subraya.
Además, la asociación considera que son reformas penales «inspiradas por los sectores más conservadores de la sociedad» y que provocan «nuevas restricciones de las libertades individuales». El conjunto de estas actuaciones, según apunta, producen «un retroceso en los derechos de la ciudadanía».
Jueces para la Democracia considera que, ante las «enormes» dificultades que atraviesa España sería aconsejable que este tipo de medidas «no rompieran la cohesión social» y se tomaran «con amplios acuerdos entre las principales fuerzas políticas».
