(EP) Así lo han asegurado representantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que este miércoles se reunieron con la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del ministerio, Sagrario Pérez Castellanos.
El objetivo de este encuentro era evaluar posibles "irregularidades" en la aplicación de la norma que entró en vigor en julio de 2010, algo que la representante del Ministerio ha reconocido que se hará "cuando toque" y como si fuera una prestación más, tal y como se está haciendo con el resto de servicios sanitarios.
En este sentido, y después de que en el último Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del SNS aprobado por el Gobierno estableciera la creación de una cartera de servicios común para todas las comunidades, Pérez Castellanos ha admitido que "se analizará la aplicación de la norma en todos sus aspectos, incluida la posibilidad de retirar la prestación de la cartera básica de servicios", según ha informado ACAI.
Pasaría a la "cartera de servicios complementaria"
Si saliera de esta cartera básica de servicios, el aborto pasaría a la cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas, quedando sujeto a la garantía previa de suficiencia financiera de cada comunidad en el marco del cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, ACAI ha asegurado que Sanidad justifica las irregularidades derivadas de la aplicación de la ley por el hecho de que "vienen dadas por la falta de consenso entre el anterior Gobierno y las comunidades encargadas de la aplicación de la norma".
"Las comunidades no sienten como suya la ley", les reconoció Pérez Castellanos, según ACAI, que presupone que será el Consejo Interterritorial de Salud quien aborde las disfunciones de la norma cuando "llegue el momento".
Por otro lado, y dado que una posible reforma de la ley del aborto se llevaría a cabo desde el Ministerio de Justicia, ACAI ha anunciado que pedirá un encuentro a los representantes de este departamento para conocer los términos en que se realizaría dicho cambio normativo.
