(EP) El ministo aseguró "que a todas aquellas mujeres que hoy están injusta e insolidariamente expulsadas por unas estructuras sociales que ante el drama de un embarazo no deseado no se preocupan de su situación laboral, de su condición de inmigrantes, de su condición de menores de edad y solamente les dicen ahí tienen la alternativa de poder abortar, este gobierno les va a dar una alternativa positiva de protección social y económica para poder realizar ese derecho a la maternidad".
Díaz ha preguntado a Gallardón "por qué tiene tanta prisa" en reformar la legislación si el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso que planteó al respecto el Partido Popular, cuando sí va a esperar la respuesta del alto tribunal para decidir sobre la ley que permite las uniones entre personas del mismo sexo.
Asimismo, ha indicado que "en ninguna de las sentencias" sobre aborto emitidas por el Constitucional "se plantea un no a la posibilidad de una ley de plazos, como en otras sentencias de derecho comparado", a su juicio porque "la idea es que entre personas que tienen suficiente educación al respecto, tomen la decisión que consideren oportuna en las primeras 14 semanas" como parte de "su libertad".
El ministro ha señalado que la diferencia entre ambos asuntos es que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre lo que requirió el Grupo Parlamentario Popular, "que no es sobre la validez de las uniones entre personas del mismo", sino sobre la denominación de las mismas.
"Nuestro grupo jamás ha cuestionado esas uniones, jamás ha dicho que tengan que tener distinta condición o distintos derechos, incluidos los económicos, por el hecho de que sean del mismo o distinto sexo. Nuestro grupo lo que cuestionó es si esa unión jurídica con plenos efectos jurídicos podía o no tener la denominación de matrimonio o si estaba reservada a una institución que la Constitución establecía únicamente y exclusivamente para el hombre y la mujer", ha añadido.
En cambio, ha apuntado que "sí se ha pronunciado" sobre el aborto y, según ha explicado Gallardón, estimó parcialmente el primer recurso que se interpuso contra la ley para sentar una "doctrina rotunda" que reconoce "el derecho a la dignidad de la mujer y a su propio desarrollo vital, pero también el de protección de la vida del concebido" y establece que cuando ambos entran en conflicto, "tiene que ser el legislador el que determina cómo se resuelve". "Esa es la realidad", ha añadido.
