(F. Velasco/La Razón) El escrito de la defensa niega los hechos imputados tanto por el fiscal como por las distintas acusaciones particulares, al asegurar que ni el doctor Morín ni su esposa han cometido “ninguna infracción criminal que les sean imputable, como se acreditará en el plenario”, es decir, en las sesiones del juicio oral, para cuyo inicio en la Audiencia Provincial de Barcelona todavía no hay fecha.
El abogado del polémico doctor peruano comienza por destacar que su defendido lleva más de 30 años en el ejercicio profesional y que, en el momento en que comenzó la investigación por esos posibles abortos ilegales, regentaba las clínicas ginecológicas de Ginemedex, CB Medical y EMECE, mientras que la mujer de Morín se limitaba a desempeñar las funciones de enfermería (estaba inscrita como tal en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona), desde el 1 de mayo de 1995, en la clínica TCB Medical.
Pues ésas eran las únicas labores profesionales que desarrollaron Morín y su mujer: gestionar y ejercer la enfermería. Nada más. Ni ilegalidades ni nada que se asemeje. Es más, los abortos se practicaron con un escrupuloso respeto a las mujeres que acudían a sus clínicas, con un comportamiento intachable por parte de sus profesionales. “En dichas clínicas, y bajo la supervisión del Instituto Catalán de la Salud, se practicaron interrupciones voluntarias del embarazo y bajo el consentimiento de las pacientes, ajustadas a la más absoluta deontología profesional, siguiendo los protocolos médicos establecidos y con la diligencia debida que todo profesional de la medicina”, afirma la defensa. Es decir, no sólo todos los abortos practicados en las clínicas de Morín fueron legales, sino que deontológicamente fueron intachables.
De esta forma, concluye el relato de hecho el abogado de Carlos Morín y María Luisa Durán, esos abortos se practicaban “con estricta observancia” de la Ley, “después de un estudio de las circunstancias concurrentes en cada paciente físicas o psíquicas, y todo ello acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico”.
Abortos de 27 a 33 semanas
Estos argumentos chocan radicalmente con los esgrimidos en primera instancia por la jueza Elisabet Castelló, quien ha investigado a fondo todo este procedimiento desde el año 2008 y ya acordó la apertura de juicio oral contra doce imputados, y, posteriormente, por la Fiscalía y las distintas acusaciones particulares –E-Cristians, Alternativa Española, el Centro Jurídico Tomás Moro y el Colegio de Médicos de Barcelona–. En esta línea, el Ministerio Fiscal, que solicita 309 años de cárcel para Morín, destacaba en su escrito de acusación cómo entre los 101 abortos ilegales que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que supuestamente se detectaron anomalías en el feto, así como otras que se encontraban en la semana 27, 28 y 29 de embarazo.
Las clínicas de Morín, destacaba el fiscal, alcanzaron una “gran difusión” no sólo en España, sino también en Europa, “de donde frecuentemente provenían mujeres embarazadas en cuyos países no podían interrumpir sus embarazos por falta de requisitos legales”. Y es que esas clínicas, según el fiscal, se dedicaban de forma casi exclusiva a la práctica de abortos “sin sujeción a ningún requisito ni ningún plazo temporal”.
Fraude fiscal
Pero parece que no acaba aquí la historia delictiva del doctor Morín, que el próximo 13 de febrero deberá compadecer de nuevo ante el juez, esta vez por un posible fraude fiscal de casi medio millón de euros.
La presunta estafa fue detectada por la Agencia Tributaria a raíz del caso de las clínicas abortistas, pues la investigación implicó registros en las clínicas y sociedades que administraban Morín y su esposa. Hacienda descubrió que la empresa Barinvest, propiedad de Morín y su mujer, habría dejado de pagar en concepto de IVA y del Impuesto de Sociedades 446.054 euros en el año 2006.
Lujos a costa de terminar con la vida
El cirujano Carlos Morín y su esposa, María Luisa Durán, enfermera de sus clínicas, se especializaron en las interrupciones del embarazo en las últimas semanas de gestación y en aquellas de “alto riesgo”, tal y como él anunciaba en su web. Con este reclamo fomentó el “turismo abortista” en Europa gracias al cual ambos mantuvieron un “elevado nivel de vida”, en palabras de la jueza instructora de la causa, Elisabet Castelló, que destacó en su auto por el que concluía la investigación que esta actividad le proporcionó a Morín “ingentes ingresos en metálico”. Pasó de vivir en un barrio humilde de Perú a una casa de 4,2 millones en Barcelona.
