Dentro del plan de ingeniería social que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está llevando a cabo, los padres o tutores de los menores de edad suponen un estorbo. Si todo se desarrolla según lo planeado por el socialismo gobernante, la figura de la patria potestad puede llegar a ser una mera figura decorativa, pues será el Estado quien tenga la última palabra en aspectos fundamentales de la educación de nuestros hijos.
En España se puede perder la custodia de un hijo por pegarle una cachetada. La asignatura de Educación para la Ciudadanía busca el adoctrinamiento de los niños y adolescentes en áreas que afectan, y mucho, a valores que deben ser objeto de educación prioritaria para los padres. Y ahora se ha decidido que una menor de edad pueda abortar sin ni siquiera informar a sus progenitores.
Es lógico que el Estado intervenga cuando unos padres ponen en peligro la integridad física o psicológica de sus hijos. Pero cuando el Estado toma para sí unas atribuciones que sólo corresponden a los padres, cuyos derechos humanos a educar a su prole en base a sus valores morales son pisoteados, el totalitarismo está a la vuelta de la esquina.
Lo que se juega en este país es ni más ni menos que el derecho a algo tan fundamental como la posibilidad de que las nuevas generaciones no sean educadas en el seno de la familia, sino por un Estado al frente de cuyo gobierno pueden estar altas jerarquías de la cultura de la muerte.
