El gobierno español se ha reunido con algunas asociaciones de víctimas de abusos esta mañana. Su intención es supervisar directamente el plan de compensaciones que la Iglesia va a llevar a cabo. Hay que recordar que este plan de reparaciones, que la Iglesia ha decidido establecer libremente, se refiere a casos ya prescritos o cuyos acusadores han fallecido.
Por esta razón, sorprende que el gobierno haya advertido a los obispos que «no aceptará ninguna fórmula unilateral» para indemnizar a las víctimas que no contemple la supervisión y el control del estado. Es cierto que la Iglesia católica española ha estado lejos de proteger a las víctimas en las últimas décadas, y también lo es que ha hecho varias investigaciones chapuceras y poco transparentes.
Ahora bien, lo que también es indudable es que, según la Fiscalía General del Estado, sólo el 0,46% de los abusos sexuales en España pertenecen al ámbito de la Iglesia (incluyendo colegios y asociaciones católicas). La Iglesia y sus instituciones gozan de una confianza enorme, como muestra la enorme cantidad de familias españolas que confían la educación de sus hijos a los 2.500 colegios católicos de nuestro país; o la gran cantidad de donativos que recibe la Iglesia para ayudar a los más necesitados.
Los que no gozan de tanta credibilidad para supervisar honradamente a otras instituciones es el actual gobierno podemita-socialista. Fueron los diputados de esos partidos los que prohibieron que el Defensor del Pueblo investigara los abusos sexuales a menores otros ámbitos distintos al de la Iglesia.
Los votos del PSOE, Podemos y Compromís impidieron que se investigaran los abusos a una menor en un centro de la Consejería de la Generalitat Valenciana, pues el acusado era el marido de Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano.
También fueron los gobiernos del PSOE, Més y Unidas Podemos los que votaron en contra de la creación de una comisión para investigar la explotación sexual de dos niñas tuteladas por el Consell de Menorca. Por si esto fuera poco, fue la actual presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, fue la responsable de torpedear este proceso. Más adelante el PSOE impidió que el Parlamento Europeo investigara el asunto por su cuenta.
Teniendo en cuenta estos precedentes es indignante que el gobierno se arrogue competencias en este terreno y pretenda tener legitimidad moral alguna en este proceso.
La falta de crítica de los medios de comunicación generalistas y la presión de Religión Digital para que los obispos traguen con todo, serían también dignas de comentar, pero lo dejaremos para otra ocasión. De momento, parece que los zorros del gobierno quieren controlar el aprisco de las ovejas de la Iglesia.
