La Conferencia Episcopal española ha publicado un documento ante la previsible aprobación de una nueva ley, aún más permisiva, para regular y proteger el aborto en España. Estamos acostumbrados a que este tipo de comunicados se escriban en lenguaje oficial y enrevesado, pero, esta vez, los obispos españoles han querido hablar de forma mucho más clara. La experiencia va mostrando la necesidad de ser muy directos en este ámbito. En el documento se utilizan palabras durísimas: fuente envenenada de inmoralidad e injusticia, eliminar a los hijos, crimen abominable, grave falsedad, víctimas, perverso, individualista, injusta imposición, cifras escandalosas, fracasos personales y confusión de la injusticia con el derecho. Difícilmente podría decirse algo más claro.
Quizá lo más importante de este documento es que, frente a los intentos de la ley de reducir la cuestión del aborto a algo íntimo y personal, advierte de las consecuencias para todo el orden social que tiene su aprobación jurídica. “Eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública que afecta grave y directamente al bien común”. El aborto legalizado y defendido por las autoridades públicas nos afecta a todos.
Según los obispos, esta ley “pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad [la del Estado]”. Cuando se menciona la pérdida de legitimación del Estado, los políticos, si tuvieran dos dedos de frente, deberían echarse a temblar. No se habla de que un gobierno u otro meta más o menos la pata, sino de que los cimientos del Estado mismo, que es algo mucho más importante, se están derrumbando.
Con ello, la Conferencia Episcopal dice algo que cualquiera puede entender a poco que reflexione: un Estado que permite que sus ciudadanos más desprotegidos e inocentes sean asesinados por cientos de miles está al borde de su disolución. La rutina y la demoledora fuerza de la costumbre nos impiden verlo, pero se trata de una situación insostenible que antes o después terminará por estallar. Más bien antes que después.
La Madre Teresa de Calcuta, con palabras más sencillas, nos advertía de lo mismo. Ella decía que el aborto “es el peor enemigo de la paz, porque si una madre es capaz de destruir a su propio hijo, ¿qué me impide matarte? ¿Qué te impide matarme? Ya no queda ningún impedimento”. Un Estado que acepta la eliminación del inocente, está a un paso de pisotear cualquier otro derecho cuando le convenga o cuando así lo requiera la moda del momento.
Esta ley, sin decirlo expresamente, consagra en realidad la “pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado”. La única expresión lo suficientemente contundente como calificar algo así es bíblica: la abominación de la desolación. Es la expresión que se utilizaba para la profanación de lo más sagrado, el horror que no se podía ni siquiera imaginar sin asco y repugnancia. Eso mismo, en el plano natural, es la supuesta existencia de un derecho a abortar. ¿Derecho a matar a los más inocentes de entre los hombres, para asegurar un “bienestar social”?, ¿Derecho a convertir el refugio seguro que es el seno materno en un campo de exterminio? ¿Derecho a transformar la fuente de la vida en lugar de muerte y destrucción? La abominación de la desolación.
