Entre todos los escaños electos en las elecciones del 20 de diciembre para el nuevo Congreso de los Diputados, por el momento no consta que haya ni un solo parlamentario que defienda públicamente la tutela del derecho a la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Es la primera vez que se produce semejante escenario en la vida política española. A pesar de que los escaños parlamentarios están llamados a reflejar la diversidad de posicionamientos existentes en una sociedad plural, en la actualidad no existe un partido político con representación parlamentaria que defienda la convicción sostenida por una parte importante de la población, en materia de familia y vida.
Este dato es especialmente llamativo, en el momento en que la clase política se enfrenta ante la dificultad de conformar un gobierno, por motivo de la existencia del mapa parlamentario más fragmentado de la historia de la democracia en España. Paradójicamente, nunca como ahora los partidos políticos habían comulgado sin fisuras con el pensamiento único de la ideología de género, y nunca como ahora se habían encontrado con una dificultad tan grande para ponerse de acuerdo en el ejercicio del poder político. La conclusión es bastante clara: del pensamiento único no se desprende una mayor facilidad para la acción política conjunta. Y no es difícil entrever que la explicación de este hecho tiene mucho que ver con la lógica del poder.
Pero pienso que debemos buscar una causa más de fondo a este fenómeno. Cuando la acción política deja de respetar la ley natural y ya no cree en ella, el concepto de «bien común» es sustituido por el de «interés general». Aunque a simple vista pudieran parecer dos términos sinónimos, en realidad, existe un triple salto mortal entre el primero y el segundo. Del «bien común» nadie puede quedar excluido: ni las minorías, ni los más débiles. La justicia es buena para todos: Lo que es verdaderamente bueno para mí, no puede ser malo para el otro; y lo que es malo para el otro, no puede ser bueno para mí. Sin embargo, cuando la política no parte de un concepto de justicia insertada en una ley natural, se limita a invocar el «interés general».
Desgraciadamente, la experiencia nos dice que tras el «interés general» se esconde una lucha de intereses «particulares», en la que siempre tiene las de perder el más débil. En el caso que nos ocupa, la vida de los «inocentes» concebidos y no nacidos… En la lógica de la ideología de género, el derecho de la mujer a decidir, puede estar en contraposición con el derecho a la vida del nasciturus. Si negamos el «bien común», solo cabe el «interés general»; que obviamente, ya sabemos cuál es: el del más fuerte.
A la luz de esta reflexión, quizás podamos entender los motivos de la dificultad en conformar un gobierno en España, a pesar de la gran similitud ideológica en el fragmentado arco parlamentario. Cuando no se cree en el «bien común», es muy difícil procurar el «interés general», por no decir que es imposible; ya que la lógica del poder termina por fagocitar la dinámica de la vida política.
Ahora bien, la batalla por la defensa de vida humana más débil, no se juega exclusivamente en las leyes. Esta semana hemos conocido las estadísticas de aborto del año 2014, en las que se ha conseguido un muy notable descenso del 12’8% en el número de abortos provocados, con respecto al año anterior. De los 109.690 abortos en 2013, se ha pasado a 94.796 en 2014. Una vez más, se demuestra algo que ha sido una constante en España desde la primera ley de despenalización en el año 1985: cada vez que en España se reabre el debate social sobre el aborto, disminuyen el número de abortos. Cuando deja de debatirse, aumentan. De lo cual se desprende que, a pesar de que en la legislatura que se inicia no quepa esperar iniciativa política alguna en favor de la defensa de la vida humana, es muy importante mantener encendido el debate social sobre el aborto.
Pienso que la causa provida tiene en este momento tres frentes: El primero es el de iluminar las conciencias, frente a la tentación del pensamiento único. No en vano, dice el proverbio: «Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho». Es importante poner en evidencia la contradicción existente en los valores éticos de nuestra sociedad. Como dice el Papa Francisco en su última encíclica ecológica Laudato Si: «Es incompatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto» (nº 120). En el contexto del relativismo políticamente correcto, encontramos cajetillas de tabaco con el siguiente anuncio: «Las autoridades sanitarias advierten: fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo». Y paralelamente, la ideología de género se niega a dar el estatus de «hijo» al «embarazo no deseado». Si es deseado es «alguien», de lo contrario solo será «algo».
Además de la iluminación de las conciencias, en segundo lugar se requiere una implicación muy directa y comprometida en la ayuda a las mujeres embarazadas en situaciones de riesgo. Estoy convencido de que tras esa disminución del número de abortos del año pasado, se esconde también la implicación solidaria de muchas personas anónimas, con las mujeres que han tenido un embarazo inesperado en situaciones difíciles. El compromiso provida es por la madre y por el hijo al mismo tiempo. Precisamente, porque se trata de un «bien común», y no de un «interés general».
Y por último, la invitación el Papa Francisco a pasar por la «puerta de la misericordia» a cuantos se vieron implicados en el aborto. La oferta de este perdón no tiene nada que ver con una relativización del mal cometido, cuanto con la proclamación de la misericordia infinita de Dios, capaz de sanar y rehacer la historia de nuestra vida. De hecho, quienes experimentan esta misericordia, llegan a convertirse en testigos privilegiados de la dignidad de la vida humana.
+ José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián
Publicado originalmente en la edición en papel del Diario Vasco
