El gobierno de la nación ha retirado el anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, un texto legal que era, en la práctica, una réplica de la ley de 1985 de Felipe González y de la de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, una modificación de la ley actualmente vigente que, básicamente, permitía el aborto libre.
Desde que se aprobara la primera ley del aborto en 1985 más de millón y medio de mujeres ha abortado en España, la mayoría acogiéndose al llamado supuesto «terapéutico» (daños físicos y psicológicos para la madre) o, comúnmente, «coladero». Para abortar invocando este supuesto era necesario un informe psiquiátrico. La verdad es que, como han denunciado muchos psiquiatras, frecuentemente se falseaba la realidad y, recurriendo a un supuesto daño para la salud psíquica de la madre, en nuestro país durante muchos años se ha abortado independientemente del tiempo de gestación. Actualmente, casi un 90% de las mujeres que abortan lo hacen invocando su «derecho al aborto», derecho que recoge la ley de Zapatero.
Es necesario recordar que en el tema del aborto la mujer es una víctima que queda psicológicamente marcada de por vida. Un alto porcentaje de las que abortan lo hacen ante la falta de otras opciones y, con harta frecuencia, por desinformación, a lo que hay que añadir la socialización del aborto con la equiparación de éste a un supuesto derecho. El recordado Julián Marías, filósofo, escribió en Problemas del Cristianismo que «la ilicitud del aborto nada tiene que ver con la fe religiosa, ni aun con la mera creencia en Dios; se funda en meras razones antropológicas. Los cristianos pueden tener un par de razones más para rechazar el aborto; pueden pensar que, además de un crimen, es un pecado. En el mundo en el que vivimos hay que dejar esto -por importante que sea- en segundo lugar, y atenerse por lo pronto a lo que es válido para todos, sea cualquiera su religión o irreligión. Y pienso que la aceptación social del aborto es lo más grave que ha ocurrido, sin excepción, en el siglo XX».
Ante un embarazo vivido en una situación delicada, lo que necesita la mujer es apoyo, particularmente pero no sólo, económico, y que se facilite en nuestro país la adopción de niños cuyas madres no pueden sacarlos adelante. El espectáculo doloroso de matrimonios que se decantan por adoptar fuera de España por las dificultades insalvables que encuentran aquí debería hacernos reflexionar.
Puesto que en este trascendental tema de la defensa de la vida el partido en el gobierno se ha quitado la careta atendiendo exclusivamente a incalificables cálculos electoralistas, los católicos debemos tener en cuenta que no existe un aborto malo del PSOE y uno bueno del PP. Según la enseñanza de la Iglesia, «la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción […] Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral» (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2270-2271).
En una entrevista concedida por el Papa emérito Benedicto XVI a los periodistas con motivo de una visita apostólica a Brasil (9 de mayo de 2007), y preguntado el Pontífice acerca de la excomunión que declararon los obispos mexicanos a los parlamentarios de la ciudad de México tras la aprobación de la ley del aborto, el Papa mérito respondió: «La excomunión no es algo arbitrario; está previsto en el Código. Por tanto, en el derecho canónico está claramente escrito que matar a un niño inocente es incompatible con ir a la Comunión, en la que se recibe el Cuerpo de Cristo».
Y los obispos españoles, en una Declaración de su Comité ejecutivo el 13 de septiembre de 1998, escribieron: «Apelamos a la responsabilidad de los legisladores y les rogamos que sopesen sin partidismo ni electoralismos las consecuencias de sus decisiones. Un pueblo que mata a sus hijos al amparo de leyes inicuas, pone en tela de juicio, no sólo el futuro, sino las mismas bases de su convivencia en justicia y libertad. Animamos a toda la sociedad, a cuantos reconocen la dignidad de la vida de todo ser humano, y especialmente a los católicos, a no permanecer impasibles ante estos hechos. Quebrantar el mandamiento divino «no matarás» y contravenir la ley natural, que nos pide respetar el derecho de todo ser humano a la vida, no sólo es una gravísima injusticia, sino un acto de despotismo. A la luz de una ética política elemental, los legisladores no pueden autorizar o permitir a nadie disponer de la vida de un ser humano inocente». Palabras estas dirigidas particularmente a los políticos católicos presentes en los parlamentos y en los gobiernos.
P. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Vicario General de Osma-Soria
