Con gran preocupación y firme compromiso por la defensa de la vida, en mi condición de vice Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y en nombre de mis co-hermanos Obispos, respondí desde la enseñanza de la Iglesia y desde el criterio técnico de profesionales católicos, a la consulta hecha por la Asamblea Legislativa sobre la adición de un nuevo capítulo a la Ley General de Salud referente a los «derechos en salud sexual y salud reproductiva».
El asunto que aborda el proyecto es de suma importancia y actualidad para la Iglesia, que debe siempre estar del lado de los más frágiles. Como ha indicado recientemente el Papa Francisco, «entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo.»
Para la Iglesia en Costa Rica es un deber manifestarse sobre estos temas fundamentales para defender la vida de la persona aún no nacida, pero también para proteger la integridad de las mujeres, que no en pocas ocasiones, son víctimas del aborto, acto que paradójicamente, se promociona como favorable para su salud.
Como indiqué, el proyecto establece una tácita aprobación del aborto propuesto desde la difusión de una terminología ambigua, como la «interrupción terapéutica» que tiende a ocultar su verdadera naturaleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública.
Por ejemplo, en el artículo 51 del proyecto en consideración establece que: «Todas las mujeres tienen derecho a recibir la información pertinente sobre el riesgo que conlleva su embarazo, así como su derecho a decidir sobre la interrupción terapéutica del mismo cuando esté en riesgo su vida o su salud, así como a la atención integral que garantice su salud de acuerdo con protocolos y normas aprobadas por las instancias pertinentes.»
En este artículo no sólo se enmascara, nuevamente, el aborto con el concepto de «interrupción terapéutica» sino que se deja abierto a la interpretación sobre qué es considerado un «riesgo a la salud». Según el artículo 38 que define salud reproductiva como «un proceso que conduce al bienestar físico, emocional, social y cultural, en todos los aspectos relacionados con la reproducción humana», podría pensarse que la vida o muerte del niño no nacido está sujeto a las emociones, relaciones sociales o culturales o dolores físicos propios del desarrollo natural del embarazo.
En este contexto, es importante tomar en cuenta que en Costa Rica la tasa de mortalidad materna es de las más bajas del mundo sin necesidad del llamado «aborto terapéutico», pues aunque es legal en ciertas circunstancias, se aplica poco. Por otra parte, aunque se quisiera, por razones ideológicas, omitir esa realidad, el aborto ya se ha visto que no ha disminuido las tasas de mortalidad materna en otros países.
Como ha dicho el Papa Francisco: «la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno.»
Proteger, promover y defender la vida humana será siempre un compromiso de todos. Hago un llamado especial a los padres de familia en particular, frente a la cultura del deshecho, que relativiza el valor de la vida humana pues, como enseña el Papa Francisco: «los padres están llamados a transmitir a sus hijos la conciencia de que la vida siempre debe ser defendida, desde el vientre materno, reconociendo en ella un don de Dios y una garantía del futuro de la humanidad…»
+ José Rafael Quirós, arzobispo de San José de Costa Rica
