«Hace unos días se conocía la historia de María José Carrasco, una madrileña de 61 años que, desde 1989, sufre esclerosis múltiple. Vive en un sillón articulado y tiene una idea fija, que su final llegue cuanto antes». Así comienza su avezada crónica EL PAÍS. Se intenta sensibilizar a la opinión pública en torno a los «casos piadosos» y se exalta la suavidad de las sentencias de los tribunales que en tales casos ha instruido procesos penales, para llegar a la solicitud de la legitimación por ley, una vez que la opinión pública se ha sensibilizado oportunamente a través de los medios de comunicación y debates públicos.
Me temo que sólo es cuestión de tiempo. Rechazada la enmienda a la totalidad del Grupo Popular (circunscrita a los Cuidados Paliativos exigidos antes por Ciudadanos) contra la Ley de Eutanasia del Grupo Socialista, continúa su tramitación para ser despenalizada y financiada por la Seguridad Social. Los socialistas mantienen que hay una mayoría social que quiere el derecho a poner fin a su vida, incluso una «demanda social», y Podemos levanta el puño para alcanzar al fin otro derecho que «quiere conquistar la población». No tenemos solución. Nuestra cultura occidental ni respeta al hombre ni acepta la muerte; es una sociedad mortífera, tanatocrática, obsesionada y aterrada ante la muerte. Es normal que sea en esta sociedad donde se presenta la instancia de la eutanasia por ley.
Si aceptamos el suicidio asistido o la eutanasia voluntaria en nombre de la autoliberación autónoma de una vida que resulta una pesada carga, entonces pronto se dirá que aquellos que no pueden dar su consentimiento no deben ser privados de su mismo derecho a la liberación de la pesada carga de la vida. «El ‘derecho’ será ejercido ‘en su lugar’ por alguien que escogerá por ellos la muerte que, se supondrá entonces, ellos habrían (o deberían haber) escogido, si hubieran sido capaces de elegir. Un falso ‘principio de autonomía’ podría entonces ser el vehículo constitucional y ético para la profunda injusticia de una maleficencia ‘beneficente’, deshaciéndose la comunidad de muchas vidas consideradas ‘no dignas de ser vividas’.
El paradigma incorporado a nuestra sociedad como un guante a medida del ciudadano es el una ética de la calidad de la vida humana, la consideración del cuerpo, de lo biológico, según una concepción dualista de la persona, donde «tener un cuerpo» significa tener un derecho y dominio sobre él, la comprensión de la libertad desvinculada de la naturaleza biológica, donde los deseos personales se convierten en imperativos éticos actualizados por la libertad autónoma. Las consecuencias en semejante planteamiento sólo pueden ser la comprensión de la vida humana desde un relativismo y subjetivismo en el plano individual y social cada vez mayor así como la comprensión de la ciencia como un instrumento de poder, de cientificismo tecnológico, sobre la naturaleza biológica.
El Manifiesto sobre la eutanasia publicado por The Humanist en julio de 1974, aporta una visión cientificista, que relega lo ético al campo puramente subjetivo: la razón «científica» es la única guía capaz de orientar al hombre, árbitro de sí mismo, que no debe responder de su destino ante nadie fuera de él. Es la visión de Monod, uno de los principales representantes del pensamiento cientificista. Según el Manifiesto, «es inmoral aceptar el sufrimiento», la dignidad del hombre implica «libertad para decidir racionalmente sobre su propia muerte». No deja de ser una contradicción que el Manifiesto condene la moral que pide soportar el dolor al mismo tiempo que solicita la exigencia «ética» de la ley sobre la eutanasia. Eliminado el valor «objetivo» de la persona en favor del subjetivismo, la muerte del hombre en su valor trascendente, la aceptación de la eutanasia sólo es un corolario esperado. En esta perspectiva, la vida humana queda así reducida a términos de «utilidad biológica»: sólo es válida una vida que dispone de una cierta calidad, despojándola de cualquier valor absoluto. En realidad, no existe en el marco parlamentario ningún grupo político que acepte la existencia de valores morales absolutos, que considere un absoluto moral no matar a un ser humano, que piense que todas las vidas son vivibles.
Existe, sin embargo, otra forma de tratar la vida humana inocente, una ética de la inviolabilidad de la vida humana, de respeto absoluto a la vida humana inocente. Cada cuerpo humano vivo es un hombre viviente, una persona concreta. Respetándolo, se respeta su identidad y dignidad. El ser humano es un fin en sí mismo y para los demás. Nunca será lícita ni justa la lesión de la dignidad de la persona en su corporalidad y espiritualidad con el objetivo de alcanzar una mejora del bienestar social o una mayor calidad de vida o el perfeccionamiento de la especie humana. La vida humana es inviolable per se, no puede ser comprendida con grados de mayor o menor calidad que produjeran un déficit en su dignidad.
En los países donde es legal, como el caso de Bélgica, la eutanasia comenzó a permitirse para enfermos terminales, luego para enfermos graves o con grandes dolores, más tarde para personas con algún trastorno mental. Ahora quiere ampliarse para el simple malestar psicológico, haciéndose indistinguible del suicidio asistido. El pasado 31 de octubre de 2017, cuarenta y dos psiquiatras, psicólogos y académicos publicaron una carta abierta, solicitando un debate nacional sobre la eutanasia y la enfermedad mental. Para estos especialistas, que lamentan que algunas personas estén muriendo sin necesidad, la eutanasia debido al sufrimiento psicológico insoportable es muy problemática. Se refiere a personas que no son terminales: «al estimar la desesperación ante el propio sufrimiento, no puede eliminarse el factor subjetivo». La ley actual, dicen los firmantes, es demasiado vaga: «La ley no señala los criterios precisos de sufrimiento insoportable e inútil. Toda reclamación ante cualquier negligencia en esta área terminará en una ‘tierra de nadie’ legal. Cada vez más, y con independencia de cuántos criterios haya, depende simplemente de cómo los interpreta o verifica cada psiquiatra concreto, apoyándose en sus propias suposiciones como médico y en el relato del paciente sobre sus síntomas».
La sociedad no demanda el derecho a la eutanasia. La legislación deberá dar respuesta cuanto antes a la verdadera demanda ciudadana de los cuidados paliativos, al tratamiento de enfermos irreversibles a través del empleo de medicinas que, sin poder curar la enfermedad, controlan los síntomas, sin empeorar significativamente la calidad de vida. La medicina paliativa es una respuesta ética ante la situación terminal, encontrando en ella protección de la debilidad, reconocimiento de la dignidad, relación personal, respeto a la vida y a la muerte, y una actitud positiva ante el dolor. Lo demás, sólo es ideología.
Roberto Esteban Duque